En el marco de las Elecciones 2026 en Perú, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, pasó a calidad de investigado por el Ministerio Público. La investigación fiscal aborda presuntas irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril, vinculadas a la contratación de servicios logísticos y a la posible afectación del derecho al voto de miles de ciudadanos. El caso incluye diligencias fiscales y acciones judiciales relacionadas con el desarrollo de los comicios.
Investigación por presunta colusión agravada en proceso electoral
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Piero Corvetto es investigado por el presunto delito de colusión agravada. La fiscalía sostiene que el exfuncionario habría incurrido en acciones que impidieron que parte de la ciudadanía emitiera su voto durante la jornada electoral.
Según la información consignada en la investigación, el propio Corvetto reportó que aproximadamente 63,000 personas no lograron votar debido a demoras en el proceso. Este hecho forma parte de los elementos que analiza la fiscalía en el marco de las presuntas irregularidades electorales.
Contratación de servicios y diligencias fiscales en la ONPE
El Ministerio Público también investiga la presunta intervención directa de Corvetto en la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral.
En ese contexto, la fiscalía señala que en enero de 2026 se habrían establecido nuevos lineamientos que modificaban disposiciones vigentes desde 2025, incluyendo la restricción para presentar recursos impugnatorios tras la adjudicación de una licitación.
Asimismo, el documento fiscal indica que Corvetto habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado, gerente general de la mencionada empresa, con el objetivo de favorecerla en el proceso de contratación.
Días previos, el Ministerio Público solicitó detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exjefe de la ONPE, bajo el argumento de un posible peligro de fuga; sin embargo, el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento.
Como parte de las diligencias, se realizó el allanamiento de su vivienda, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril.
