El Gobierno peruano prepara una nueva norma para declarar formalmente como grupos hostiles a organizaciones criminales que operan dentro del país y en zonas fronterizas. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el Ejecutivo ya cuenta con un proyecto legislativo que está siendo adecuado a las facultades aprobadas por el Congreso de la República. La propuesta contempla operaciones basadas en inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como mecanismos de cooperación internacional para combatir a las organizaciones delictivas.
Gobierno prepara norma contra organizaciones criminales nacionales y transfronterizas
El ministro de Defensa explicó que la legislación se encuentra en proceso de adecuación, debido a que las facultades otorgadas por el Congreso no coinciden exactamente con lo solicitado inicialmente por el Ejecutivo.
«Tenemos ya la legislación redactada y estamos adecuándola, porque lo que nos han aprobado no es exactamente lo que habíamos solicitado; pero en nuestra apreciación sí nos da el espacio suficiente para declarar grupo hostil a las organizaciones criminales que operan en la frontera, como Los Lobos, La Jauría, el Comando Vermelho; pero también a las organizaciones criminales que operan internamente, como el Tren de Aragua, Los Pulpos, La Jauría», indicó.
Según Belaunde, la estrategia comprenderá organizaciones criminales que operan en las fronteras y otras que desarrollan actividades delictivas dentro del territorio nacional.
El despliegue se sustentaría en información de inteligencia proporcionada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, complementada con datos obtenidos mediante mecanismos internacionales de cooperación regional.
Fuerzas Armadas realizarían operaciones basadas en inteligencia
El titular de Defensa señaló que la información recopilada permitirá planificar intervenciones dirigidas contra los principales responsables de las organizaciones criminales.
«Con esa inteligencia se puede conducir operaciones quirúrgicas contra objetivos de alto valor, contra los líderes de estas organizaciones y para eso hay personal, operadores militares, operadores especiales de las Fuerzas Armadas altamente calificados», sostuvo.
La estrategia busca orientar las operaciones hacia objetivos identificados mediante labores de inteligencia, con participación de personal militar especializado.
Gobierno prevé ampliar intervenciones en penales de alta peligrosidad
Belaunde también informó sobre las acciones desarrolladas en establecimientos penitenciarios y mencionó el modelo piloto implementado en el penal El Milagro, que, según indicó, será replicado en otras cárceles de alta peligrosidad.
Asimismo, anunció la próxima inauguración de un retén militar en el establecimiento penitenciario Ancón 1.
«Estamos ya por inaugurar el retén militar en Ancón 1 y así vamos a ir avanzando. La limitación que teníamos era que esto se había hecho con un decreto supremo, que tenía una temporalidad de 60 días; pero ahora con las facultades delegadas vamos a poder firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para tener un horizonte de tiempo que nos permita ya tener un despliegue y adquirir equipos de alta tecnología», expresó.
El ministro indicó que las facultades legislativas permitirían establecer un marco temporal más amplio para mantener el despliegue y gestionar la adquisición de equipos tecnológicos.
Defensa respalda la participación del Ministerio Público en el Comando Unificado
Por otro lado, Belaunde consideró pertinente la solicitud del fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, para incorporar al Ministerio Público en el Comando Unificado encargado de apoyar la lucha contra el crimen organizado.
El ministro sostuvo que se necesita un fiscal especializado que pueda revisar la documentación vinculada con las operaciones y recibir el material de inteligencia utilizado para sustentar las intervenciones.
«Necesitamos un fiscal ad hoc para que exista una carpeta donde nosotros podamos entregar el material de inteligencia, la inteligencia que soporta nuestro requerimiento, las pruebas y las autorizaciones. Así como ocurre en el Vraem donde hay un fiscal ad hoc antiterrorista que revisa todas las carpetas que permiten los operativos militares», refirió.
Las declaraciones fueron ofrecidas tras la inauguración del seminario internacional “Seguridad ciudadana en el Perú, respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía”.
