El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que un sector de la oposición política busca impedir que la presidenta Keiko Fujimori obtenga resultados durante su gestión. En una entrevista con el diario Correo, el funcionario respondió a los cuestionamientos por el reciente viaje presidencial a El Salvador, donde la mandataria se reunió con Nayib Bukele y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Además, explicó qué medidas del modelo salvadoreño podrían adaptarse al sistema penitenciario y judicial peruano.
Modelo de seguridad de El Salvador: ¿qué medidas busca implementar el Perú?
Tras su visita a El Salvador, Álvarez Miranda señaló que conocer directamente el funcionamiento del sistema penitenciario permitió identificar medidas que podrían aplicarse en el país, especialmente en materia de rehabilitación y seguridad.
El ministro destacó el programa salvadoreño denominado «Cero Ocio», que contempla el trabajo de los internos en actividades productivas durante parte de sus condenas. Como ejemplo, mencionó la crianza industrial de pollos y sostuvo que el Perú podría incorporar algunas de estas experiencias a su programa de cárceles productivas.
También describió las condiciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), establecimiento de máxima seguridad que alberga a pandilleros condenados a cadena perpetua y funciona bajo un régimen cerrado, sin visitas ni acceso al parque exterior.
Sin embargo, precisó que las condiciones de seguridad de ambos países son diferentes y que no todas las medidas salvadoreñas podrían replicarse en el Perú.
Gobierno plantea construir cárceles de máxima seguridad en menos de un año
Respecto al anuncio presidencial sobre la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad, Álvarez Miranda explicó que el principal objetivo es reducir los plazos administrativos y acelerar la ejecución de la infraestructura penitenciaria.
Según indicó, los procedimientos actuales pueden extenderse por cinco años, mientras que una modalidad abreviada no demandaría menos de tres años. Frente a ello, el Gobierno busca alternativas legales que permitan construir una cárcel en un periodo aproximado de ocho meses a un año.
El ministro señaló que los equipos de trabajo ya recibieron instrucciones para explorar mecanismos que agilicen los trámites previos y permitan concretar el proyecto en el menor tiempo posible.
Justicia plantea cambios en casos de defensa propia
En relación con las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, el titular de Justicia informó que una de las primeras iniciativas de su sector está vinculada con el tratamiento de los casos en los que una persona utiliza un arma para defenderse de un delito.
Explicó que la propuesta busca que los fiscales y jueces consideren las evidencias que acrediten una actuación en defensa propia y que el Ministerio Público asuma la responsabilidad de presentar pruebas cuando considere que hubo una conducta ilegal.
Álvarez Miranda indicó que el Gobierno inicialmente buscaba impedir la detención de ciudadanos que utilizaran armas autorizadas para defenderse. Sin embargo, señaló que el Congreso no otorgó facultades para modificar la normativa procesal en ese sentido.
Por ello, el sector trabaja en una propuesta orientada a modificar los criterios de evaluación de fiscales y jueces en estos casos.
Álvarez Miranda responde a críticas de la oposición por viaje a El Salvador
Sobre los cuestionamientos al encuentro entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele, el ministro sostuvo que parte de la oposición habría interpretado de manera negativa el desarrollo de la visita presidencial.
También defendió que el Gobierno busque conocer experiencias internacionales y adapte aquellas que puedan funcionar en el contexto peruano.
«Hay un signo muy nítido en un sector grande de la oposición que lo que busca es que no se le otorguen más facultades a la presidenta, que no tenga ningún resultado, que no viaje a ver otro modelo y decir que no tiene un objetivo definido», manifestó.
El funcionario agregó que las condiciones de seguridad de Perú y El Salvador no son equivalentes. En ese sentido, reconoció que algunas medidas aplicadas por el Gobierno salvadoreño podrían presentar observaciones desde el punto de vista constitucional y de los derechos fundamentales si se trasladaran directamente al país.
Asimismo, consideró que las respuestas estatales deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos y a las características de la criminalidad de cada territorio.
¿Qué dijo el ministro sobre un posible indulto a Alejandro Toledo?
Durante la entrevista, Álvarez Miranda también se pronunció sobre el pedido de indulto presentado por la familia del expresidente Alejandro Toledo.
El titular de Justicia explicó que este beneficio debe evaluarse considerando factores como el cumplimiento de más de la mitad de la condena, la devolución del dinero involucrado en casos de corrupción o la existencia de una enfermedad sumamente grave.
Asimismo, recordó que el Sistema Interamericano y la jurisprudencia proscriben las medidas de amnistía e indulto destinadas a generar impunidad.
En el caso de Toledo, indicó que el exmandatario llevaba aproximadamente tres años de detención en el Perú y sostuvo que cualquier solicitud debe analizarse considerando las condiciones legales correspondientes.
Sobre Vladimiro Montesinos, señaló que no tenía información adicional a la difundida por los medios de comunicación y precisó que cualquier decisión sobre el cumplimiento de una eventual pena en su domicilio corresponde al Poder Judicial.
Ministro no descarta evaluar jueces sin rostro ante amenazas criminales
Finalmente, el ministro se refirió a la posibilidad de implementar jueces sin rostro para enfrentar las amenazas de organizaciones criminales contra operadores de justicia.
Álvarez Miranda sostuvo que esta figura no necesariamente sería inconstitucional y señaló que los posibles riesgos de arbitrariedad podrían ser supervisados por la Junta Nacional de Justicia y los órganos correspondientes del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Añadió que, si se comprobara que las amenazas de las bandas criminales impiden de manera sistemática el trabajo de jueces y fiscales, sería necesario evaluar medidas proporcionales, con participación de especialistas en derecho constitucional y penal.
