El Congreso de la República aprobó un dictamen que endurece las sanciones por el ingreso ilegal de celulares y equipos de comunicación a establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en penales y centros juveniles. La propuesta también incorpora nuevas medidas de control sobre las telecomunicaciones y establece penas agravadas para delitos vinculados a extorsión y sicariato.
Nuevas penas por ingreso de celulares a penales
El texto aprobado por el Pleno del Congreso establece sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a establecimientos penitenciarios.
Las penas podrán llegar hasta los 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos. Además, la norma sanciona la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros materiales considerados peligrosos dentro de los centros penitenciarios.
El dictamen también contempla penas agravadas cuando estos equipos sean utilizados para coordinar delitos como extorsión, sicariato o amenazas que afecten la seguridad ciudadana y el orden público.
La propuesta legislativa fue aprobada en primera votación con 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Posteriormente, el Congreso exoneró el proyecto de segunda votación con 92 votos a favor.
Las iniciativas legislativas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo y los congresistas Alejandro Muñante y Diego Bazán, de Renovación Popular, Kira Alcarrás y María del Carmen Alva.
INPE reforzará control de telecomunicaciones en cárceles
Otro de los puntos incluidos en el dictamen es el fortalecimiento del control estatal sobre las telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con la propuesta, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con la Policía Nacional del Perú, implementará medidas para prevenir y detectar el ingreso y uso de equipos de comunicación no autorizados en los penales.
Asimismo, en casos excepcionales y ante indicios de delitos graves, el INPE podrá solicitar autorización al Ministerio Público para realizar operativos de detección y neutralización de señales ilegales dentro de las cárceles.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, señaló que los establecimientos penitenciarios no deben continuar funcionando como centros de operaciones del crimen organizado.
“Muchos delitos de extorsión, sicariato, amenazas y crimen organizado continúan siendo dirigidos desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de celulares y otros equipos de telecomunicación”, afirmó.
Por su parte, Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, indicó que la modificación del Decreto Legislativo 1688 permitirá reforzar las obligaciones de las empresas operadoras de telecomunicaciones para controlar y bloquear comunicaciones ilegales provenientes de establecimientos penitenciarios.
“La propuesta optimiza los mecanismos regulatorios y sancionadores del sector telecomunicaciones, fortaleciendo la responsabilidad de los operadores y mejorando la capacidad del Estado para neutralizar el uso ilícito de redes de telecomunicaciones dentro de los centros de reclusión”, sostuvo.
