ComexPerú expresó su rechazo al dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificaciones a la Ley General de Minería y al régimen de concesiones, al considerar que esta propuesta pone en riesgo la seguridad jurídica y desincentiva la inversión en la minería formal en el país.
El gremio sostuvo que la iniciativa introduce cambios que elevan la incertidumbre en un sector clave para la economía nacional, la generación de empleo formal y el desarrollo regional. Según advirtió, el dictamen permitiría intervenciones arbitrarias sobre derechos ya otorgados, al debilitar la garantía de las concesiones mediante causales discrecionales para su revocación, además de plantear mecanismos de participación en beneficios que podrían derivar en transferencias patrimoniales forzadas.
ComexPerú también alertó que la propuesta, lejos de resolver trabas, terminaría castigando a la actividad formal con mayores costos, penalidades, plazos más cortos y exigencias rígidas desde etapas tempranas de los proyectos, incluso cuando todavía no existe certeza geológica ni se han completado condiciones habilitantes como permisos, acceso a tierras o consulta previa. A su juicio, esto podría traducirse en menor exploración, paralización de proyectos y salida de inversiones del país.
Asimismo, el gremio cuestionó que se pretendan aplicar nuevas cargas a concesiones ya existentes e incluso afectar contratos de estabilidad jurídica, lo que —señaló— debilita la predictibilidad necesaria para promover inversiones de largo plazo.
En ese contexto, ComexPerú remarcó que, si el objetivo es destrabar proyectos y enfrentar la ociosidad, el camino debe ser una mayor eficiencia estatal y procesos claros y previsibles, en lugar de medidas que, según afirmó, perjudican a la minería formal. Recordó además que esta actividad transfirió más de S/ 10,045 millones a las regiones al cierre de 2025, aunque una parte importante del presupuesto regional y local de inversión no se ejecuta.
Finalmente, ComexPerú exhortó a que el dictamen sea sometido a una discusión técnica seria y transparente, con evaluación económica y legal de sus impactos, al advertir que el Perú necesita atraer inversión, generar empleo formal y destrabar proyectos, no aprobar normas que afecten la competitividad del sector minero formal.
