La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidió admitir a trámite una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. La medida responde a una presunta desobediencia a una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenaba restituir a Patricia Benavides en su cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
Admisión de denuncia contra Delia Espinoza y fiscales supremos
Con 11 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la SAC aprobó el informe que da curso al proceso. El documento fue respaldado por la mayoría de la subcomisión, presidida por la congresista María Acuña (APP), y sostiene que los fiscales Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos habrían incurrido en los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado.
Además, el informe menciona una posible infracción a los artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, se descartó incluir el delito de usurpación de funciones, al considerar que los hechos denunciados no configuran delitos de función.
Votación en la SAC y próximos pasos legislativos
Entre los legisladores que votaron a favor del trámite de la denuncia figuran Nilza Chacón, Víctor Flores y Martha Moyano (Fuerza Popular); Patricia Chirinos, Milagros Jáuregui y Esdras Medina (Renovación Popular); María Acuña y Nelcy Heidinger (APP); Flavio Cruz (Perú Libre); Digna Calle (Podemos); y Jorge Montoya (Honor y Democracia).
En contra se manifestaron los congresistas Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Francis Paredes (Podemos). Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) se abstuvo.
La denuncia surge a raíz de que la Junta Nacional de Justicia dispuso la reposición de Patricia Benavides en su cargo, decisión que, según los denunciantes, no fue acatada por la actual Junta de Fiscales Supremos.
El expediente aprobado será enviado a la Comisión Permanente del Congreso, la cual deberá establecer un plazo máximo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elabore y presente su informe final sobre el caso.
