La ONPE aprobó el uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la institución, mediante dos desembolsos que suman S/ 624 mil. La contratación del servicio fue autorizada a favor del estudio Arbizu y Gamarra y está relacionada con los procesos penales y administrativos que afronta el exfuncionario por presuntas irregularidades durante la organización de las Elecciones Generales 2026.
ONPE autoriza dos desembolsos para la defensa de Piero Corvetto
De acuerdo con resoluciones internas y el Acta de Admisión N.° 08-2026-FUNC-ONPE, difundidas por el abogado David Dumet en el programa Al revés y al derecho, la entidad aprobó un primer desembolso de S/ 100 mil en abril de 2026.
Posteriormente, el 22 de julio se concretó el procedimiento administrativo para un segundo pago por S/ 524 mil, con lo que el monto total destinado a la defensa legal de Piero Corvetto asciende a S/ 624 mil.
La Resolución de Secretaría General N.° 71-2026-SG, suscrita por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, autoriza un procedimiento de selección no competitivo para la contratación del «Servicio de Defensa Legal para el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas-FUNC 2026», bajo la modalidad de servicio especializado de asesoría legal.
Defensa legal cubre investigaciones por las Elecciones Generales 2026
Según la documentación, el beneficio comprende la etapa preliminar y la etapa preparatoria de los procesos penales y administrativos abiertos contra el exjefe de la ONPE por las fallas logísticas y las presuntas irregularidades relacionadas con la organización de las Elecciones Generales 2026.
La contratación se sustenta en la normativa que permite a funcionarios y exfuncionarios acceder a una defensa legal financiada por la entidad cuando las investigaciones están vinculadas con el ejercicio de sus funciones.
Congreso solicita información sobre el uso de recursos públicos
La aprobación de los recursos para la defensa legal de Piero Corvetto generó reacciones en el Congreso.
El diputado Aldo Bravo, de Renovación Popular, solicitó a la Contraloría General de la República que realice acciones de control sobre el caso. Asimismo, remitió un oficio a la ONPE para solicitar información sobre los criterios utilizados para autorizar el financiamiento de la defensa legal del exfuncionario.
