El Poder Judicial programó una audiencia virtual para evaluar el recurso presentado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, quien solicita el archivo de la investigación preparatoria en su contra. El caso, vinculado a presuntas irregularidades en un reglamento fiscal, será analizado por el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. La diligencia forma parte del proceso penal que afronta y se enmarca en los mecanismos legales previstos en el sistema judicial peruano.
Audiencia judicial por caso Delia Espinoza
El despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley fijó para el miércoles 6 de mayo, a las 11 de la mañana, una audiencia virtual en la que participarán todas las partes procesales involucradas en la carpeta fiscal.
La solicitud fue presentada por Delia Espinoza Valenzuela, quien recurrió al Poder Judicial para pedir el archivo de la investigación preparatoria que enfrenta en el Ministerio Público.
Como parte de su estrategia legal, la exfuncionaria interpuso una excepción de improcedencia de acción, mecanismo mediante el cual sostiene que los hechos que se le imputan no constituyen delito ni son penalmente justiciables, bajo el criterio de atipicidad relativa.
La defensa fundamenta su pedido en el artículo 6, numeral 1, literal b) del Código Procesal Penal, solicitando que se declare fundada dicha excepción.
Investigación fiscal y delitos imputados en Perú
La investigación está relacionada con la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, documento que habría permitido a los fiscales asumir directamente la investigación preliminar.
Espinoza Valenzuela ha señalado que dicho reglamento no contó con su firma ni con su aprobación. Respecto a su participación, sostuvo que nunca firmó ni aprobó el documento materia de investigación.
La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria el 15 de diciembre de 2025. Los cargos incluyen abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y presunta instigación al delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.
Según la tesis fiscal, en octubre de 2024, cuando se desempeñaba como fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, habría participado en la elaboración de un reglamento que contraviene la Ley N.° 32130, la cual asigna la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional del Perú.
El proceso penal avanzó el 3 de diciembre de 2025, cuando el Congreso de la República aprobó el proyecto de Resolución Legislativa N.° 13440/2025-CR, declarando haber lugar a la formación de causa penal en su contra.
Además, el Parlamento dispuso su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, medida sustentada en una presunta infracción constitucional vinculada al mismo caso.
