La bancada de Juntos por el Perú (JP) enfrenta nuevos cuestionamientos por la contratación de familiares de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) vinculados al penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo. Una investigación del programa Cuarto Poder identificó a trabajadores contratados en despachos y espacios parlamentarios cuyos familiares tenían vínculos laborales con dicho establecimiento. Tras la difusión del caso, el INPE anunció medidas administrativas y congresistas de distintas agrupaciones políticas solicitaron información sobre los procedimientos de contratación.
Contrataciones en el Congreso: familiares de trabajadores de Barbadillo fueron vinculados a Juntos por el Perú
Según el reportaje de Cuarto Poder, Yulissa Lucero Chujutallli, hija de Calixto Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo, fue contratada en agosto de 2026 como técnica del despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, integrante de Juntos por el Perú.
Consultada sobre esta contratación, Isla Rojas afirmó que no conocía al director del establecimiento penitenciario y explicó que incorporó a Lucero Chujutallli porque “necesitaba personal”.
Otro caso identificado corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente penitenciario de Barbadillo. El joven fue contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú. Según la información difundida, ambos trabajadores perciben remuneraciones superiores a los S/ 8,000.
Asimismo, el reportaje identificó a Héctor Sandoval Moreno, quien fue director del penal de Barbadillo hasta noviembre de 2025 y posteriormente fue contratado como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Catherin Palomino, de Juntos por el Perú.
Los tres trabajadores mencionados no respondieron a los cuestionamientos difundidos en el reportaje.
INPE anuncia remoción de personal del penal de Barbadillo
Tras conocerse las contrataciones, el Instituto Nacional Penitenciario anunció que el personal involucrado del establecimiento penitenciario de Barbadillo sería removido inmediatamente de sus cargos.
En un comunicado, la institución explicó que la medida responde a la gravedad de los hechos expuestos y busca garantizar el control institucional y el funcionamiento del penal.
“Esta decisión responder a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario”, señala el documento.
Además, el INPE informó que adoptará las acciones administrativas y legales correspondientes, de acuerdo con sus competencias y el marco normativo vigente.
“La institución exige a todos sus servidores una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades. Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario”, agregó.
La entidad también recordó que presentó propuestas normativas relacionadas con la lucha contra la corrupción y la protección de la institucionalidad penitenciaria.
Ministro de Justicia cuestiona vínculos familiares entre trabajadores del INPE e internos
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, también se pronunció sobre el caso y recordó que los directores de los establecimientos penitenciarios son funcionarios de carrera y no cargos de confianza.
“Por eso es importante seguir incorporando oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro, expertos en seguridad”, manifestó.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el titular de Justicia sostuvo que la relación contractual entre familiares de funcionarios del INPE e internos “no solo constituye falta ética, sino también infracción laboral”.
Juntos por el Perú anuncia suspensión de contratación y responde a cuestionamientos
Desde la bancada de Juntos por el Perú también se registraron pronunciamientos. Ernesto Zunini, vocero del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, informó que solicitó suspender el vínculo laboral de uno de los trabajadores cuestionados.
“Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada tras la denuncia pública que cuestiona su contratación”, escribió en X.
Zunini también señaló que el proyecto de ley de amnistía presentado por JP para buscar la libertad de Pedro Castillo no debería perder legitimidad por este caso y que su contenido debe ser debatido.
Por su parte, el senador Humberto Morales afirmó desconocer quién tomó las decisiones relacionadas con las contrataciones y bajo qué condiciones se realizaron.
“No sé quién tomó la decisión y en qué condiciones. En todo caso, entiendo que cumple la ley, no hay ningún impedimento legal, en ese marco deben haber contratado”, declaró.
Morales agregó que las contrataciones son realizadas por el Congreso y que los perfiles de los trabajadores pasan por filtros institucionales. “Ni siquiera los parlamentarios contratamos al personal, lo hace el Congreso. Los perfiles son filtrados, somos responsables los que proponemos”, sostuvo.
El medio Correo solicitó información al equipo de prensa de Juntos por el Perú sobre la permanencia de los trabajadores cuestionados, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de su edición. Tampoco se había pronunciado Roberto Sánchez, presidente del partido.
Congresistas solicitan investigar contrataciones de Juntos por el Perú
El caso también generó reacciones en otras bancadas del Congreso. La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, envió un oficio a Miguel Torres, presidente del Parlamento, para solicitar información sobre los procedimientos utilizados en las contrataciones identificadas en el reportaje.
Entre sus pedidos, solicitó conocer si las áreas correspondientes verificaron el cumplimiento de los requisitos profesionales, si identificaron posibles vínculos familiares que pudieran generar conflictos de intereses y si los trabajadores presentaron las declaraciones juradas respectivas.
También pidió informar si se iniciaron investigaciones administrativas y qué mecanismos de control existen para prevenir posibles conflictos de intereses en la contratación de personal de despachos parlamentarios, bancadas y comisiones.
Su colega de bancada, Aldo Bravo, calificó el caso como un “escándalo” y cuestionó las posibles relaciones entre las contrataciones parlamentarias y los vínculos de los familiares con el entorno penitenciario de Pedro Castillo.
“Es un ecándalo absoluto ¿Esto qué cosa es? ¿una agencia de empleos? ¿es una compraventa de favores políticos? ¿trátame bien a Castillo y yo contrato a tus hijos”, manifestó.
En tanto, el diputado Diethell Columbus, de Fuerza Popular, señaló que el caso no necesariamente tendría que pasar a la Comisión de Ética si los trabajadores contratados cumplieron con los requisitos establecidos para ocupar sus puestos.
Antecedente: contrataciones vinculadas al Movadef en la bancada de JP
Los cuestionamientos actuales se suman a otra controversia relacionada con las contrataciones de Juntos por el Perú en el Congreso.
Un mes antes de la difusión de este nuevo caso, se informó que al menos diez personas que firmaron el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), identificado como brazo político de Sendero Luminoso, habían sido contratadas como asesores del grupo parlamentario.
Este antecedente volvió a generar cuestionamientos sobre los criterios de selección del personal incorporado a la bancada.
