El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) viene implementando espacios diferenciados en penales del país para albergar a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, en cumplimiento de la nueva Ley 32330, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo.
La norma, aprobada por el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para imputar penalmente como adultos a los menores de edad en ese rango que cometan delitos como homicidio calificado, extorsión, sicariato, trata de personas, violación sexual, robo agravado o terrorismo.
Más de mil adolescentes actualmente internados por delitos graves
Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), detalló que actualmente hay 1,050 adolescentes internados en centros juveniles por delitos graves. De ese total:
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727 están recluidos por robo agravado
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87 por homicidio calificado
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69 por violación sexual
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14 por trata de personas
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7 por sicariato
“… ya no van a ser tratados como adolescentes, sino como adultos […]. Van a ser procesados por un juez penal común y llevados a un establecimiento penitenciario”, precisó en una entrevista con Ampliación de Noticias.
Separación de adolescentes de adultos en penales
Martínez aseguró que el INPE habilitará pabellones especiales para evitar el contacto entre adolescentes y adultos condenados por los mismos delitos, lo que podría generar mayor peligrosidad.
“No van a ser internados junto con los demás internos adultos”, indicó. Como ejemplo, señaló que en el penal de Ancón 1 ya se están adecuando espacios diferenciados, tras el traslado de 29 adolescentes de alta peligrosidad desde ‘Maranguita’ tras una fuga.
En ese sentido, si un juez impone prisión preventiva o una condena a un adolescente por un delito grave, ya no será enviado a un centro juvenil, sino directamente a uno de estos espacios habilitados en los penales ordinarios.
Respuesta a críticas y preocupación internacional
Frente a las observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sugirió derogar la ley al considerar que aleja a los adolescentes de la rehabilitación social, el funcionario del Minjusdh respondió que la norma responde a una nueva realidad.
“El Ministerio de Justicia considera que estas excepciones están justificadas por la realidad, por el nivel de inseguridad que está pasando en el país”, dijo, descartando que se vulnere la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Además, el Minjusdh alista una propuesta legal para revisar de manera periódica, cada cinco o diez años, los avances en el proceso de resocialización de los adolescentes internados bajo este nuevo régimen.
