El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, anunció que la fiscalización posterior al proceso de inscripción de organizaciones políticas se aplicará de forma general. Añadió que se dará prioridad a los partidos inscritos desde 2023.
En declaraciones, Burneo explicó que esta fiscalización se realizará en función de la fecha de inscripción y otros criterios técnicos. Detalló que ya se cuenta con equipos especializados en peritajes que contribuirán con la revisión.
El titular del JNE también precisó que esta medida incluye una respuesta directa a las denuncias relacionadas con afiliaciones no consentidas y presuntas falsificaciones de firmas. Estos casos han sido recurrentes en los procesos de inscripción de nuevas organizaciones políticas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la validez de algunos padrones.
Proyecto legislativo para sancionar afiliaciones irregulares
Burneo exhortó al Congreso de la República a dar prioridad al proyecto de ley que propone sanciones contra los partidos políticos que incurran en afiliaciones indebidas. Este proyecto fue presentado por el JNE y busca reforzar los mecanismos de control del sistema electoral.
Indicó que este problema tiene más de 25 años sin resolverse y enfatizó la necesidad de dar un mensaje claro a la ciudadanía. Añadió que, aun si el Congreso no aprueba la ley en el corto plazo, el JNE continuará aplicando fiscalización posterior a los padrones ya inscritos. En caso de encontrar irregularidades, se procederá a declarar la nulidad de la inscripción.
Nuevas reglas para la desafiliación por inscripción fraudulenta
Desde enero de 2025, el JNE estableció que “se pueden presentar otros medios probatorios, de cualquier otro tipo, que generen convicción«. Entre estos se incluyen constancias de viaje, certificados médicos y cualquier otro documento que genere convicción suficiente ante la autoridad electoral.
El presidente del JNE subrayó que estos nuevos criterios buscan garantizar que las personas que aparecen en los padrones lo hayan hecho con consentimiento y conocimiento. La meta es asegurar la legalidad en la formación de partidos y proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles usurpaciones de identidad.
