La Corte Superior del Callao inició el juicio oral contra el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por su presunta participación en un caso de colusión relacionado con su contratación en el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao). Según la tesis del Ministerio Público, el funcionario recibió S/ 30 000 por servicios de asesoría legal que no habría prestado adecuadamente y sin acreditar los requisitos profesionales exigidos. La investigación también comprende a tres exfuncionarios regionales.
Fiscalía solicita ocho años de prisión para Alberto Beingolea
La audiencia comenzó alrededor de las 9:00 a. m., con los alegatos de apertura de la fiscal Katherin Arpe. Durante su intervención, explicó que Beingolea fue contratado entre enero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal al Gobierno Regional del Callao, con una remuneración mensual de S/ 10 000.
La acusación también alcanza a tres exfuncionarios que habrían intervenido en el proceso de contratación y los pagos.
Según la Fiscalía, Óscar Romero, quien se desempeñaba como gerente general, solicitó la contratación, firmó los Términos de Referencia (TDR) y autorizó los primeros pagos. Su sucesor, Carlos Palacios, intervino en marzo, mientras que José Izquierdo, entonces jefe de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios, suscribió la orden de servicio.
En un primer momento, la fiscal solicitó diez años de prisión para Beingolea. Sin embargo, redujo el pedido a ocho años debido a un cambio jurisprudencial sobre el delito de colusión, relacionado con una sentencia del Tribunal Constitucional correspondiente al caso Félix Moreno, emitida en enero último.
De esta manera, el Ministerio Público solicitó ocho años de prisión para Alberto Beingolea y Óscar Romero, y siete años para José Izquierdo. Para los acusados también pidió siete años de inhabilitación.
En el caso de Carlos Palacios, la acusación quedó reservada debido a que no asistió al juicio, por lo que se ordenó su captura.
¿Cuáles son las presuntas irregularidades en la contratación de Beingolea?
Durante sus alegatos, la fiscal Katherin Arpe señaló que los Términos de Referencia establecían requisitos específicos para el servicio de asesoría legal. Entre ellos figuraban contar con título de abogado, estudios de maestría o doctorado y más de diez años de experiencia profesional.
Según la acusación, Beingolea no habría acreditado las condiciones exigidas para asumir esas funciones.
El contrato también contemplaba diversas responsabilidades, como asesorar en gestión pública y proyectos de normas del Consejo Regional, absolver consultas jurídicas, capacitar al personal y presentar tres informes de avance.
Además, debía acudir cuatro veces por semana a las instalaciones del Gobierno Regional del Callao, con una permanencia mínima de dos horas por jornada.
La Fiscalía cuestiona que los informes presentados por el entonces asesor tenían un contenido reducido y, en gran medida, reproducían información de normas legales.
“El primer informe es del 10 de febrero y lo dirige (Beingolea) al gerente general. Sin embargo, en este juzgamiento, vamos a ver el contenido de estos tres informes que no cuentan con más de cinco páginas. Y donde el primero de ellos, transcribe algunos artículos que obran en la Ley de Gobiernos Regionales e invoca algunos delitos que obran también en el Código Penal”, puntualizó la fiscal.
Registro de visitas y actividades también forman parte de la acusación
Otro de los elementos expuestos por el Ministerio Público está relacionado con la asistencia de Beingolea a las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.
De acuerdo con el registro de visitas, el entonces asesor acudió tres veces en enero, dos en febrero y cinco en marzo de 2019.
Asimismo, la Fiscalía indicó que el Gobierno Regional confirmó que durante el periodo de contratación no se tramitó ni publicó ningún proyecto de norma regional.
Por otro lado, los consejeros regionales negaron que se hubiera realizado una conferencia el 29 de marzo, actividad que había sido mencionada por la defensa de Beingolea.
Estos elementos forman parte de los argumentos que el Ministerio Público deberá sustentar durante el desarrollo del juicio oral.
