La Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta que busca restablecer la inmunidad parlamentaria para senadores y diputados elegidos a partir de 2026. La iniciativa modifica el artículo 93 de la Constitución para evitar que los legisladores sean procesados o detenidos sin la autorización previa de su cámara o de la Comisión Permanente. Esta protección se aplicaría desde el momento de la elección hasta un mes después de dejar el cargo.
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¿Qué pasa en caso de delito flagrante?
La propuesta excluye los delitos flagrantes. En esos casos, la policía deberá presentar al congresista ante su cámara o ante la Comisión Permanente en un plazo máximo de 24 horas. Estas instancias tendrán 30 días calendario para decidir si autorizan su detención o enjuiciamiento. Si no se pronuncian dentro de ese tiempo, la persona será enviada directamente a la Corte Suprema, que determinará si procede su desafuero.
¿Quién juzgaría a los congresistas?
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La Corte Suprema se encargará de procesar los delitos cometidos durante el mandato.
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Los delitos anteriores al cargo serán evaluados por un juez penal ordinario.
¿Por qué se plantea recuperar la inmunidad?
Según el documento aprobado, esta medida busca asegurar que los parlamentarios puedan ejercer su labor con autonomía. Además, protege su libertad de expresión, su voto y su función de fiscalización. El texto advierte que sin inmunidad, el Congreso queda expuesto a presiones judiciales que podrían afectar su independencia.
“La inmunidad parlamentaria garantiza la autonomía del Congreso. Evita que se vulneren sus funciones por arrestos o procesos derivados de discursos, mociones o informes emitidos”, indica el predictamen.
Siguientes pasos
El texto fue aprobado por 14 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones. Ahora deberá pasar al Pleno del Congreso, donde necesita el respaldo de 88 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas para entrar en vigor. Si no consigue ese apoyo, deberá someterse a referéndum nacional.
