A medida que avanza el calendario electoral hacia las elecciones generales de 2026, el procedimiento de revisión de candidaturas vuelve a captar la atención pública. La presencia de postulantes con sentencias penales declaradas en sus hojas de vida ha reactivado el debate sobre los filtros legales, la responsabilidad de los partidos políticos y el rol del electorado en la conformación de la oferta electoral.

Tachas electorales y evaluación de candidaturas en las elecciones 2026

En el actual proceso electoral, las tachas ciudadanas y la evaluación de candidaturas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE) cumplen un rol central en el control de la idoneidad de los postulantes. Este procedimiento se activa luego de la publicación oficial de las listas, periodo en el cual cualquier ciudadano puede cuestionar la admisión de un candidato.

El especialista en derecho electoral José Tello señaló que este escenario evidencia una discusión que trasciende el cumplimiento formal de la normativa electoral.

“Estamos hablando de qué tipo de candidatos y de qué oferta electoral están presentando los partidos, pero también hay una autocrítica que hacer como ciudadanos”.

Según explicó, la revisión que realizan los JEE constituye una primera etapa, tras la cual se abre el periodo de tachas por tres días, cuyas resoluciones pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Responsabilidad de partidos políticos y autocrítica ciudadana

De acuerdo con Tello, la postulación de personas con antecedentes penales está vinculada, en parte, al nivel de exigencia del electorado frente a la oferta electoral presentada por los partidos políticos. “Si el partido supiera que el peruano es exigente y reacio a votar por estas personas, no las llevaría. No somos exigentes y hay una autocrítica que hacer”, dijo.

En esa línea, indicó que el fortalecimiento del sistema electoral no depende únicamente de la legislación vigente, sino también de la conducta ciudadana durante el proceso de votación. “Podemos tener las mejores leyes electorales, pero si no somos conscientes al votar, esto va a seguir ocurriendo”, indicó,

Declaración de sentencias penales y periodo de tachas

El especialista precisó que, en el proceso electoral actual, los candidatos muestran una mayor preocupación por declarar sentencias penales en sus hojas de vida. Ello responde a que la omisión de esta información constituye una causal de exclusión automática.

“Están declarando porque saben que, si no lo declaran, tienen una causal de exclusión”.

No obstante, la declaración de antecedentes no impide que los ciudadanos puedan presentar tachas durante el periodo establecido, mecanismo que permite cuestionar la admisión de las candidaturas ante los JEE.

Marco legal sobre impedimentos para postular a cargos públicos

Tello recordó que la Ley N.º 30717 establece impedimentos para postular a cargos de elección popular en determinados delitos, como el peculado, incluso en casos de rehabilitación.

“Esta norma genera lo que se denomina una ‘muerte política’, porque no importa si la persona está rehabilitada o cuántos años hayan pasado desde la comisión del delito”.

Asimismo, explicó que el Tribunal Constitucional resolvió en 2022 una acción de inconstitucionalidad, determinando que la rehabilitación solo resulta aplicable en los casos de terrorismo y apología al terrorismo.

“Es una sentencia clara y mandatoria. El efecto de esa decisión se limita exclusivamente al caso de terrorismo y apología al terrorismo, no a los otros supuestos”.

Rol del JNE y control posterior de candidaturas

El Jurado Nacional de Elecciones mantiene la facultad de excluir candidaturas hasta un día antes del proceso electoral, en caso se detecte información falsa u omisiones relevantes en la declaración jurada de los postulantes, incluyendo sentencias condenatorias no declaradas.

Este control posterior se suma a la evaluación inicial del JEE y al periodo de tachas, como parte del sistema de fiscalización electoral.

Integridad como criterio en la evaluación electoral

Para el especialista, la demanda ciudadana de integridad y honestidad sigue siendo un elemento central en el debate electoral.

“No vamos a tener un eventual presidente o presidenta gobernando con un Congreso integrado por personas que tienen antecedentes o que no reúnen las calificaciones éticas y morales que hoy exige la población, que busca un nivel de integridad.Se busca integridad y eso nos devuelve a la actitud que tengamos como ciudadanos cuando vayamos a votar”.

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