El Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato presentó una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en el marco del denominado caso “Cócteles”. La acción legal se relaciona con los presuntos aportes irregulares recibidos durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
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Nueva acusación fiscal solicita 35 años de prisión para Keiko Fujimori
Según informó el Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación penal contra Fujimori Higuchi, solicitando 35 años de pena privativa de la libertad. Esta acusación incluye también a otros miembros del entorno político y empresarial vinculados a Fuerza Popular, como Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera.
Asimismo, el documento fiscal alcanza a las personas jurídicas Partido Político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C.
Luis Galarreta critica decisión fiscal y cuestiona omisiones
En respuesta a esta nueva acusación, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, manifestó su desacuerdo con la presentación del caso sin que exista, hasta el momento, una resolución del juez encargado. “Son fuegos artificiales para que, como corresponde, los medios informen y hablen de Keiko y tal persona. Todos los argumentos siguen siendo tan vacíos como el primer caso que se le devolvió”, declaró a RPP.
Galarreta también señaló que la nueva acusación no incluye a 19 personas que figuraban en la presentación inicial, quienes –según dijo– han sido sometidas a un proceso penal durante seis años, lo cual habría afectado sus vidas y entornos laborales. “Se ha lanzado simplemente para hacer fuegos artificiales, para que todos hablemos de esto y nos descuidemos de lo que está pasando en el caso (Susana) Villarán”, agregó.
Indicó, además, que los fundamentos de esta acusación son los mismos que fueron previamente desestimados por el Poder Judicial tras una resolución del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la acusación y el auto de enjuiciamiento para uno de los involucrados.
Finalmente, sostuvo que el fiscal Pérez “se ha apurado” en volver a presentar la acusación penal a pesar de que el juez todavía no ha emitido una resolución respecto al proceso.
