La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación preliminar seguida contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado. La decisión, informada por su defensa legal, se relaciona con la Carpeta Fiscal 54-2025 y con la revisión de sus ingresos y egresos durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, no se acreditó un desbalance patrimonial injustificado en ese periodo.
¿Por qué se archivó la investigación contra Dina Boluarte?
De acuerdo con la información difundida por la defensa de la exmandataria, el análisis fiscal determinó que existía trazabilidad entre sus ingresos y egresos durante el periodo investigado. Asimismo, se estableció que los ingresos identificados correspondían a rentas de trabajo y guardaban relación con las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
La investigación también comprendió la revisión de depósitos bancarios y de un posible vínculo entre el ejercicio del cargo público y el patrimonio de Boluarte.
Según la Fiscalía, no se encontraron elementos que acreditaran depósitos de origen o procedencia desconocida ni un abuso del cargo que estableciera una relación causal entre la función pública desempeñada y el resultado patrimonial analizado.
Entre los elementos considerados durante las diligencias preliminares estuvo el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales del Ministerio Público.
¿Qué determinó el informe sobre el patrimonio de Boluarte?
La investigación fiscal estuvo orientada a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante el periodo analizado. La Fiscalía concluyó que no había elementos de convicción suficientes para acreditar dicho desbalance, según la información reportada sobre la disposición de archivo.
La pesquisa había considerado inicialmente un presunto incremento patrimonial de hasta S/432 932,25, además de depósitos cuyo origen se encontraba bajo evaluación y una posible omisión de información en declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.
El archivo fue difundido por el estudio Portugal Abogados mediante un comunicado firmado por Juan Portugal, Luis Castro, Piero Vílchez y Sergio Medina, integrantes del equipo legal de la exmandataria.
Juan Portugal también se pronunció a través de su cuenta en X y señaló: “Se concluyó: 1) Idónea trazabilidad entre sus ingresos y egresos, en tal condición, y su declaración ante Sunat”.
