La delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo contempla seis líneas de acción para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en el Perú. Entre las medidas propuestas figuran el fortalecimiento de la geolocalización de celulares utilizados en delitos, el bloqueo de llamadas ilegales desde establecimientos penitenciarios y mayores restricciones para la tenencia de armas de fuego. El dictamen también incluye cambios en el sistema penitenciario, las sanciones por delitos de alto impacto y los mecanismos de denuncia digital.
1. Geolocalización de celulares utilizados en delitos
La propuesta plantea fortalecer los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos celulares empleados en actividades delictivas. También contempla mejorar el registro y la trazabilidad de las líneas telefónicas, así como su suspensión, baja o bloqueo cuando sean utilizadas de manera ilícita.
Para implementar estas medidas, se busca reforzar las competencias de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), además de establecer obligaciones administrativas para las empresas operadoras respecto de las líneas y los equipos involucrados en delitos.
2. Bloqueo de llamadas ilegales desde las cárceles
La iniciativa propone incorporar tecnología para detectar, identificar y bloquear señales de comunicación ilegales emitidas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
El objetivo es combatir las extorsiones que se organizan mediante llamadas telefónicas realizadas desde estos recintos. Según el texto del dictamen, los sistemas de bloqueo deberán tener precisión técnica para evitar interrupciones en la cobertura celular de los ciudadanos que viven en las zonas aledañas.
3. Nuevas restricciones para las armas de fuego y sus licencias
Entre las medidas planteadas figura eliminar el beneficio de registrar una cantidad ilimitada de armas bajo las modalidades de caza y deporte.
La propuesta también contempla sanciones más severas para las denuncias falsas por supuestas pérdidas o robos de armas de fuego. Según el dictamen, estas conductas podrían ocasionar la cancelación definitiva de la licencia.
Además, se plantea tipificar penalmente la suplantación de identidad para adquirir o portar armamento.
4. Reformas penitenciarias y traslado de jóvenes condenados
El dictamen propone autorizar la cesión de cuarteles de las Fuerzas Armadas para su acondicionamiento como establecimientos penitenciarios destinados a personas privadas de libertad consideradas de baja peligrosidad. Estos recintos quedarían bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Asimismo, se contemplan cambios para los adolescentes en conflicto con la ley penal que alcancen la mayoría de edad mientras cumplen condenas por delitos graves. En esos casos, la propuesta plantea su traslado desde centros juveniles hacia unidades diferenciadas y de máxima seguridad de establecimientos penitenciarios comunes.
5. Sanciones más severas por extorsión, sicariato y ciberdelincuencia
La propuesta legislativa contempla endurecer las sanciones y restringir determinados beneficios procesales para delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro y la minería ilegal.
Entre los cambios previstos figura reducir las posibilidades de conversión de penas privativas de libertad y limitar la aplicación de la terminación anticipada en los casos comprendidos por la norma.
También se plantea actualizar la Ley de Delitos Informáticos para mejorar la persecución penal de conductas como la suplantación digital, los fraudes en línea y el uso de tecnologías por parte de organizaciones criminales.
6. Denuncia digital y lucha contra la extorsión
El dictamen propone optimizar la plataforma de Denuncia Digital para garantizar la trazabilidad de los reportes y proteger la privacidad de quienes denuncian delitos.
La iniciativa precisa que el registro informático de una denuncia no debe constituir, por sí solo, una prueba automática de culpabilidad.
Además, se contempla fortalecer operativamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión, con el propósito de agilizar el procesamiento de estos casos mediante la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
¿Qué falta para aprobar las facultades legislativas?
De acuerdo con la información proporcionada, el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para su análisis y debate.
Tras esa etapa, la propuesta deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de llegar al pleno de la Cámara Alta.
Si la delegación de facultades es aprobada, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días calendario para emitir las medidas autorizadas mediante decretos legislativos. Su alcance dependerá de los términos definitivos de la delegación aprobada.
