La Corte Suprema de Justicia confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Pedro Castillo por un periodo adicional de 12 meses. Con esta decisión, el expresidente permanecerá privado de su libertad desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027, luego de que la Sala Penal Permanente declarara infundado el recurso de apelación presentado por su defensa. La resolución señala que continúan las investigaciones y que se mantienen los presupuestos legales para la medida coercitiva.
Corte Suprema ratifica la prolongación de la prisión preventiva de Pedro Castillo
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente al resolver el Recurso de Apelación N.° 88-2026, mediante el cual la defensa del exmandatario buscaba revocar la ampliación de la prisión preventiva.
El tribunal determinó que el requerimiento presentado por el Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código Procesal Penal, por lo que confirmó la continuidad de la medida mientras concluye la etapa de investigación preparatoria.
Con ello, la prisión preventiva permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2027.
Investigación del caso fue considerada de especial complejidad
Entre los argumentos expuestos en la resolución, la Corte Suprema señaló que el proceso presenta una especial complejidad, debido a las diligencias que aún se encuentran en desarrollo.
Los magistrados mencionaron la realización de pericias contables, de ingeniería y de análisis digital forense, además de otras actuaciones vinculadas con los dispositivos electrónicos incautados durante la investigación.
Estas diligencias, según el tribunal, justifican la necesidad de ampliar el plazo de la medida mientras se concluyen las investigaciones.
Corte Suprema considera que persiste el peligro de fuga
La resolución también concluye que subsiste el peligro de fuga, uno de los requisitos para mantener la prisión preventiva.
Entre los elementos considerados por la Sala Penal Permanente figura la existencia de una condena previa de 11 años y 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión, así como el asilo político otorgado por el Gobierno de México al entorno familiar inmediato del expresidente.
Estos factores fueron valorados por el tribunal para confirmar la prolongación de la medida coercitiva.
