Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la República plantea incorporar los delitos de venta de niños y adopción irregular al Código Penal, con penas diferenciadas según la gravedad de los hechos y circunstancias agravantes. La propuesta también contempla medidas de protección para las víctimas, residencia temporal para personas extranjeras afectadas y mecanismos de coordinación entre entidades públicas para verificar documentación relacionada con nacimientos, adopciones y salida del país de niños y adolescentes.
Proyecto plantea delito de venta de niños en el Código Penal
La iniciativa, presentada por el diputado Leo De Paz, de Renovación Popular, propone incorporar los artículos 129-R y 129-S al Capítulo II del Título I-A, referido a los delitos contra la dignidad humana del Código Penal.
El artículo 129-R establecería el delito de venta de niños y lo definiría como «cualquier acto o transacción mediante el cual un niño o adolescente sea entregado, transferido o recibido por otra persona o grupo de personas, a cambio de dinero, promesa de pago, beneficio económico o cualquier otra ventaja de cualquier naturaleza».
Según la propuesta, este delito sería sancionado con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.
El proyecto también contempla una disposición específica para los casos en los que la madre participe en estos hechos. No recibiría sanción cuando sea víctima de trata de personas. Sin embargo, si tiene participación en la venta del niño, la pena planteada sería no menor de 25 años de prisión.
Agravantes y cadena perpetua
La iniciativa establece una pena de entre 15 y 25 años de prisión cuando concurran determinadas circunstancias agravantes.
Entre ellas se encuentran que el autor sea funcionario público o personal de los sectores educación o salud, la falsificación de documentos, la pertenencia a una organización criminal y que la víctima sea menor de 14 años, entre otros supuestos.
«La pena es de cadena perpetua cuando, como consecuencia del hecho previsto en el primer párrafo, se produce la muerte o lesión grave de la víctima y el agente pudo prever ese resultado», agrega la propuesta de ley.
Adopción irregular tendría penas de hasta 15 años
El proyecto también plantea incorporar el delito de adopción irregular al Código Penal.
La propuesta establece que quien busque inducir, facilitar u obtener indebidamente el consentimiento de los padres, madres, tutores o responsables de un niño o adolescente para concretar una adopción irregular sería sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años.
Entre las conductas que configurarían este delito se incluyen la sustracción del menor, la coacción, amenaza o aprovechamiento de la vulnerabilidad de padres o tutores, el fraude o falsificación de documentos y el ofrecimiento de dinero, entre otras acciones.
Cuando se presenten circunstancias agravantes, la pena sería de 6 a 12 años de prisión.
Asimismo, el proyecto establece una pena de 12 a 15 años cuando, como consecuencia de los hechos, se produzca la muerte o lesión grave de la víctima y el agente haya podido prever ese resultado.
Proyecto contempla residencia temporal para víctimas extranjeras
La iniciativa legislativa también incorpora medidas de protección para las víctimas que no sean connacionales o que no cuenten con residencia permanente en el Perú.
En estos casos, plantea autorizar una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses.
La propuesta precisa que «en ningún caso puede disponerse la repatriación de la víctima que solicite dicha autorización, cuando exista peligro grave para su integridad física o psíquica derivado de las circunstancias en que se cometió el delito en su país de origen».
Esta disposición está orientada a evitar que una víctima sea repatriada cuando existan riesgos graves para su integridad física o psíquica relacionados con el delito investigado.
Entidades públicas coordinarían controles sobre adopciones
El proyecto plantea además establecer un protocolo de coordinación interinstitucional entre distintas entidades públicas.
Participarían el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante la Dirección General de Adopciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El protocolo, dentro de las competencias de cada institución, incluiría mecanismos de verificación documentaria en procesos relacionados con la inscripción de nacimientos, adopciones y salida del país de niños y adolescentes.
La propuesta busca establecer procedimientos de coordinación entre estas instituciones para la identificación y verificación de documentación vinculada con menores de edad en los procesos mencionados.
