La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados concluyó que no es viable delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias vinculadas con minería, hidrocarburos y electricidad. La decisión fue adoptada al aprobar, con 11 votos a favor y 8 en contra, una opinión sobre la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que plantea una delegación por 120 días calendario. El grupo de trabajo sostuvo que las materias involucradas tienen implicancias económicas, sociales y ambientales que requieren una discusión legislativa amplia.
Comisión de Energía y Minas cuestiona delegación de facultades
La comisión, presidida por la diputada Yenifer Paredes, aprobó la opinión solicitada por la Comisión de Constitución, Reglamentos y Relaciones Exteriores respecto de la propuesta de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.
La iniciativa contempla medidas relacionadas con la actualización de la normativa minera, la promoción de inversiones privadas en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos, así como modificaciones a las normas sobre concesiones y generación eléctrica.
El documento aprobado concluye que no es viable otorgar las facultades solicitadas en estas materias, debido a la complejidad y las implicancias económicas, sociales y ambientales de los cambios planteados.
Según la opinión, estas reformas requieren la participación de los actores involucrados y su discusión en las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Reformas mineras requieren debate sobre formalización y minería ilegal
En materia de minería en Perú, la comisión señaló que el debate debe abordar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la minería ilegal y la conflictividad socioambiental.
El documento también plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos relacionados con la formalización del sector y considerar los efectos de las actividades mineras sobre las comunidades y el ambiente.
Durante el debate, el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular) cuestionó la opinión consultiva y sostuvo que el análisis no habría considerado de manera integral la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo.
El legislador señaló que la iniciativa contempla aspectos relacionados con la Ley MAPE, la simplificación de la formalización minera, la trazabilidad y la asistencia técnica. También mencionó propuestas vinculadas con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la seguridad y soberanía energética.
Por su parte, la diputada Haydee Celinda Poma Huamani (Juntos por el Perú) respaldó la conclusión de la comisión. Consideró que la solicitud de delegación no tendría la precisión necesaria y que las modificaciones planteadas requieren un análisis más amplio.
Poma Huamani también planteó considerar la conflictividad socioambiental y los derechos de las comunidades nativas y andinas. Señaló que temas como la Ley MAPE, la masificación del gas natural y una nueva Ley General de Minería deben ser tratados mediante el correspondiente debate bicameral.
Comisión plantea cambios en política de hidrocarburos
Respecto de los hidrocarburos, la opinión de la Comisión de Energía y Minas plantea fortalecer la producción nacional, avanzar en la masificación del gas natural y garantizar la seguridad y soberanía energética.
Durante la sesión, Krklec Torres destacó la necesidad de promover nuevas exploraciones con el objetivo de incrementar la producción nacional de hidrocarburos.
La diputada Rossana Herminia Alayza Maccera (Buen Gobierno) respaldó el informe de la comisión y propuso incorporar precisiones adicionales. También cuestionó el alcance de la solicitud en asuntos relacionados con el REINFO y los hidrocarburos.
Alayza Maccera expresó preocupación por las posibles implicancias de las medidas en materia de consulta previa, comunidades indígenas y áreas naturales protegidas.
Sector eléctrico requiere planificación e inversiones de largo plazo
En el ámbito de la generación eléctrica, la comisión consideró que la transición hacia energías renovables, la ampliación de infraestructura y la seguridad del suministro requieren planificación e inversiones de largo plazo.
El informe sostiene que estos aspectos deben ser analizados dentro de un proceso legislativo que permita evaluar sus efectos y las necesidades del sector energético.
Durante el debate, el diputado Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular) sostuvo una posición distinta respecto a la delegación de facultades. Señaló que una autorización por un plazo determinado no constituye un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo, debido a que los decretos legislativos están sujetos al control político y constitucional del Congreso.
Asimismo, indicó que el Parlamento puede modificar posteriormente las normas mediante el procedimiento legislativo ordinario si identifica excesos o afectaciones. También destacó la necesidad de proteger a las comunidades nativas y campesinas.
Abensur Pinasco cuestionó los fundamentos de la opinión aprobada y anunció que, junto con otros legisladores, evalúa presentar un informe en minoría.
Ministro de Energía y Minas será invitado a comisión
Durante la misma sesión, la Comisión de Energía y Minas aprobó, con 18 votos a favor, invitar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, para que informe sobre la “Política General del Sector Energía y Minas”.
La presentación está prevista para la tercera sesión ordinaria del grupo de trabajo, programada para el 15 de setiembre de 2026.
Los integrantes de la comisión solicitaron que la exposición incluya información sobre el avance de la reglamentación de las normas vinculadas con la generación eléctrica, la política de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, incluida la Ley MAPE, y la situación y perspectivas del suministro eléctrico.
También se pidió información sobre las inversiones pendientes y la problemática ambiental asociada a las actividades mineras, así como su eventual impacto en las fuentes de agua.
Comisión aprueba plan de trabajo para 2026-2027
Finalmente, el grupo de trabajo aprobó por unanimidad su Plan de Trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
El documento establece las actividades legislativas, de fiscalización y de representación que desarrollará la Comisión de Energía y Minas durante el periodo parlamentario.
