Durante los primeros seis meses del año, en Piura se han registrado 128 obras paralizadas, según la Contraloría. El valor de estos proyectos asciende a 3,900 millones de soles, monto que supera en más del 50% al registrado por proyectos paralizados al cierre del 2024. Algunos de los sectores más afectados son Transporte y Saneamiento, y sus efectos se sienten en la vida diaria: calles que no se terminan, obras de agua sin concluir y familias que siguen esperando servicios básicos.
“Cuando un proyecto se paraliza se frena el avance de la región. Cada día que pasa sin avanzar una carretera, hospital o una red de agua, es un día más en que la gente está más lejos de mejorar sus oportunidades y calidad de vida. Si lo urgente no se atiende y lo básico se posterga, se debilita la confianza ciudadana”, explicó Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Uno de los sectores más golpeados es el Transporte: hay 24 obras paralizadas y S/1,300 millones sin ejecutar. Este estancamiento, además de retrasar aspectos como la mejora de las vías, afecta directamente la movilidad, el comercio y el tiempo de los ciudadanos.
Así como existen obras paralizadas –detenidas sin mostrar avances–, también hay proyectos que siguen en ejecución, aunque no necesariamente sin problemas. De los más de 500 proyectos activos, 155 presentan sobrecostos y 147 registran retrasos superiores a un año y siete meses, según el Consejo Privado de Competitividad.
Un caso reciente es la obra de construcción de pistas y veredas en la avenida Sullana, en la provincia de Piura, que debía culminar en octubre de este año, pero cuya entrega se ha postergado hasta febrero de 2026. Según reportes de medios locales, el retraso ha perjudicado a los comercios de la zona, que enfrentan una reducción en sus ventas debido a las vías restringidas y temen no poder recuperarse económicamente de cara a las fiestas de fin de año.
“Muchos proyectos se formulan sin una adecuada planificación de largo plazo, con estudios de preinversión incompletos o sin una estimación realista del presupuesto requerido. Estas deficiencias técnicas generan una alta probabilidad de paralización durante la ejecución o la necesidad de reformular expedientes técnicos, incrementando los costos y los plazos. Por ello, resulta prioritario fortalecer las capacidades de los equipos encargados de la gestión de inversiones, especialmente en gobiernos regionales y locales, donde la limitada experiencia en formulación y ejecución de proyectos suele traducirse en demoras, sobrecostos y mayores riesgos de ineficiencia”, agregó el economista.
Agua que no llega
Por otro lado, el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento enfrenta serias dificultades: actualmente registra 31 obras paralizadas que representan una inversión de S/ 873 millones. Son recursos que podrían estar mejorando la calidad de vida de miles de familias, pero que hoy permanecen inmovilizados, sin generar beneficios ni soluciones efectivas. En una región como Piura, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado, mantener detenidas obras esenciales no solo profundiza las condiciones de vulnerabilidad, sino que también retrasa el ejercicio de derechos fundamentales.
En total, en este sector hay 360 proyectos activos, de los cuales 101 presentan sobrecostos y 97 acumulan retrasos de más de dos años y siete meses. Esto refleja problemas de gestión, planificación y ejecución que afectan directamente el desarrollo de la región. Además, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la mitad de los proyectos de agua potable no supera el 20% de avance.
La situación contrasta con la realidad diaria de los hogares piuranos: solo el 1 de cada 6 hogares en Piura tiene agua las 24 horas. Lo que significa que las personas viven con cortes constantes, horarios inciertos y baldes de reserva. Para el economista, el bajo acceso continuo al agua refleja fallas estructurales en la planificación y ejecución de proyectos de saneamiento, que siguen sin responder a la urgencia del problema.
“El verdadero reto está en invertir mejor. Cada sol destinado a una obra pública debe transformarse en bienestar tangible para la población: en calles transitables, hospitales en funcionamiento y agua que llegue todos los días a los hogares. Sin embargo, cuando la gestión falla, los recursos se pierden entre retrasos, sobrecostos y proyectos inconclusos. Alcanzar una gestión eficiente de la inversión pública exige planificación con visión, supervisión rigurosa y ejecución transparente. No se trata solo de gastar, sino de asegurar que cada gasto genere resultados concretos y sostenibles”, concluyó el especialista de REDES.
