El abogado Juan Carlos Álamo Castro, especialista en derecho electoral, destacó que las rondas campesinas tienen un rol reconocido por la Constitución peruana, pero deben ejercerlo sin vulnerar los derechos humanos. En entrevista con el programa A Mil por Hora de radio Láser Star de Huancabamba, precisó que la justicia comunal no puede reemplazar a la justicia ordinaria ni justificar actos de violencia bajo argumentos culturales o costumbres ancestrales.
La justicia comunal debe actuar dentro del marco legal
Álamo Castro explicó que, según el artículo 149 de la Constitución, las rondas campesinas tienen atribuciones para resolver conflictos dentro de sus comunidades, siempre que su accionar se mantenga dentro de los límites de la ley. Subrayó que su papel es complementar la justicia ordinaria, no sustituirla.
“La justicia comunal no puede convertirse en un espacio de castigo o humillación; debe operar bajo la ley”, precisó el jurista, reafirmando que el respeto a la integridad y la dignidad de las personas es un principio inquebrantable del sistema jurídico peruano.
Caso Ayabaca: azotes al alcalde son un abuso de autoridad
En referencia al reciente caso ocurrido en Ayabaca, donde ronderos de Hualcuy aplicaron azotes al alcalde Darwin Quinde, el abogado calificó el hecho como un abuso de autoridad contrario a los principios del derecho.
“Los azotes y las humillaciones no son justicia, son agresiones”, afirmó, resaltando que ningún argumento cultural puede legitimar la violencia.
Álamo advirtió que este tipo de actos distorsionan la finalidad de la justicia comunal, cuyo propósito es promover la paz, el orden y la convivencia dentro de las comunidades.
Difundir castigos en redes agrava la falta
El especialista también criticó la difusión del castigo en redes sociales, señalando que exponer públicamente a una persona constituye una vulneración adicional a sus derechos. Recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido límites claros para las rondas campesinas: pueden participar en la resolución de conflictos comunales, pero sin incurrir en actos que afecten la integridad física o moral de las personas.
Peligro de la politización de las rondas campesinas
Álamo Castro alertó sobre el riesgo de la politización de las rondas campesinas, advirtiendo que su función debe mantenerse al margen de intereses partidarios.
“Una ronda que se politiza deja de servir a su comunidad. La coordinación con las autoridades judiciales, la Policía y los municipios es esencial para evitar excesos”, sostuvo.
El abogado reiteró que la legitimidad de las rondas radica en su autonomía y compromiso con el orden comunal, no en la subordinación a intereses políticos.
Recuperar el verdadero sentido de la justicia comunal
Finalmente, Álamo Castro llamó a revalorar la justicia comunal como una herramienta de diálogo, paz y respeto humano.
“La justicia comunal debe ser motivo de orgullo, no de vergüenza. Ninguna forma de violencia resuelve los problemas del pueblo. El verdadero camino es la ley y la dignidad”, concluyó.
