El Gobierno del Reino Unido anunció un plan piloto que contempla el uso de castración química en agresores sexuales. Esta medida, impulsada por la ministra de Justicia, forma parte de una reforma penitenciaria que busca disminuir la reincidencia y mejorar la eficiencia del sistema penitenciario británico.

La propuesta será aplicada en dos regiones del país y se probará en aproximadamente veinte prisiones. El tratamiento incluye la administración de medicamentos diseñados para reducir la excitación sexual problemática. Según autoridades, esta intervención podría reducir la reincidencia hasta en un 60 %, de acuerdo con estudios previos.

La castración química será evaluada como parte de un programa integral

La ministra de Justicia presentó la medida ante el Parlamento, señalando que se trata de un enfoque experimental que podría ampliarse si los resultados son favorables. Aunque el tratamiento será voluntario en esta primera etapa, se está considerando su aplicación obligatoria en ciertos casos de alta reincidencia.

La medida se acompañará de terapias psicológicas, replicando modelos aplicados en países. Las autoridades subrayan que esta combinación podría facilitar la reinserción de los internos y reducir el riesgo de nuevos delitos tras su liberación.

Crisis penitenciaria impulsa cambios en la política carcelaria

El plan piloto se enmarca en una crisis por sobrepoblación en el sistema penitenciario británico. Actualmente, Inglaterra y Gales albergan a más de 90 mil personas privadas de libertad, el doble que hace tres décadas. Como respuesta inmediata, el gobierno autorizó la excarcelación anticipada de reclusos condenados por delitos menores.

Además, se anunció la construcción de tres nuevas prisiones con el objetivo de aumentar la capacidad del sistema y mejorar las condiciones de reclusión. Las autoridades buscan fortalecer los programas de rehabilitación y reducir la presión sobre los centros existentes.

Sin embargo, la propuesta de castración química ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos. Estas entidades advierten sobre los riesgos de aplicar medidas médicas invasivas, especialmente si no existe consentimiento pleno por parte de los internos.

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