La Comisión de Protección al Consumidor N°3 del Indecopi ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores contra el Banco BBVA Perú y Rímac Seguros y Reaseguros, tras detectar presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. El organismo regulador señaló que ambas empresas habrían promovido productos y servicios sin contar con el consentimiento previo de los consumidores.
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Promociones sin autorización: Indecopi detecta comunicaciones indebidas
Con el apoyo de inteligencia artificial y herramientas de ciencia de datos, la Dirección de Fiscalización del Indecopi analizó más de 600 mil grabaciones telefónicas realizadas por BBVA y Rímac Seguros, así como por sus centros de atención. El análisis evidenció que no se habría acreditado el consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco de los usuarios para recibir estas comunicaciones con fines promocionales.
Ante estos hallazgos, la entidad reguladora decidió iniciar procesos sancionadores a fin de proteger los derechos de los consumidores, tal como lo estipula el marco legal vigente.
Investigaciones de Indecopi se amplían a otros sectores
Desde el año 2024, Indecopi ha venido evaluando cerca de siete millones de grabaciones como parte de una investigación más amplia que involucra a empresas de los sectores bancario, seguros y telecomunicaciones.
En este contexto, ya se han iniciado procedimientos similares contra Pacífico Seguros y Reaseguros, así como contra el call center Impulsa 365 S.A.C., por presuntamente haber realizado promociones sin el consentimiento de los usuarios. Además, Entel Perú S.A. enfrenta un procedimiento por no atender requerimientos de información relacionados con llamadas no solicitadas.
Sanciones y medidas correctivas previstas en la normativa
De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, un procedimiento administrativo sancionador puede derivar en multas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 2 407 500. Asimismo, Indecopi puede ordenar medidas correctivas en favor de los consumidores afectados.
Estas acciones forman parte de una política orientada a fiscalizar el uso adecuado de las prácticas comerciales que involucren el tratamiento de datos personales para fines promocionales.