La Ley CAS 32563 marca un cambio en el régimen laboral del Estado peruano al incorporar beneficios como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Esta reforma, que modifica el Decreto Legislativo 1057, impacta directamente a miles de trabajadores bajo contrato administrativo de servicios. Sin embargo, su implementación no será inmediata, ya que dependerá de factores presupuestarios y de la aprobación de disposiciones complementarias por parte de las entidades competentes.
¿A quiénes beneficia la Ley CAS 32563 en el Perú?
La Ley N.° 32563 está dirigida a los trabajadores del sector público contratados bajo el régimen CAS en entidades del gobierno nacional, regional y local.
Asimismo, la norma ratifica que los trabajadores que obtuvieron contratos a plazo indeterminado mediante la Ley 31131 conservarán dicha condición. Este punto refuerza la estabilidad laboral dentro del sector público, manteniendo los derechos previamente adquiridos.
Beneficios del régimen CAS: gratificaciones, CTS y contratos indefinidos
Entre los principales beneficios que introduce la ley destacan:
- Gratificaciones legales: se establece el pago de dos gratificaciones al año, en julio y diciembre, cada una equivalente a una remuneración mensual.
- Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): se incorpora este beneficio, calculado sobre el 100% de la remuneración por cada año trabajado, a entregarse al término del vínculo laboral.
- Contratos a plazo indeterminado: se permite la contratación indefinida mediante concurso público de méritos para labores permanentes.
- Límite a contratos temporales: los contratos a plazo determinado podrán renovarse hasta por un máximo de cinco años, salvo excepciones.
Aplicación de la ley será progresiva por restricciones presupuestarias
El abogado laboralista Ricardo Herrera explicó que la implementación de la Ley CAS 32563 será gradual debido a limitaciones presupuestarias y a la necesidad de contar con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según indicó, los beneficios deberán financiarse con el presupuesto de cada entidad pública, sin asignación adicional del Tesoro Público. Esto implica que cada institución deberá demostrar disponibilidad de recursos, lo cual será evaluado por el MEF.
“El costo anual de esta medida asciende a aproximadamente S/ 2,800 millones, por lo que su implementación dependerá de la capacidad real de gasto de cada entidad y del informe favorable del MEF”, señaló en Tv Perú.
Herrera advirtió que esta situación podría generar la reorientación de recursos en algunas entidades, lo que eventualmente impactaría en la prestación de servicios públicos.
«Eso generaría un impacto en la calidad del servicio publico de las entidades que brindan servicios a la ciudadanía».
Pago de gratificaciones CAS dependerá del reglamento y del MEF
El especialista precisó que la ley entra en vigencia desde el 25 de marzo. No obstante, el pago efectivo de beneficios dependerá de la aprobación del reglamento y de los informes favorables del MEF.
En un escenario inicial, el cálculo de gratificaciones se realizaría en función de los meses laborados dentro del semestre. Esto implicaría que, en caso de aplicarse en el corto plazo, los trabajadores podrían recibir un monto proporcional y no una remuneración completa.
«Incluso en un escenario optimista, los trabajadores CAS no percibirían una gratificación completa en julio próximo, pese a la reciente promulgación de la ley que reconoce este beneficio».
Asimismo, Herrera señaló que la elaboración del reglamento involucrará a diversas entidades, lo que podría extender los plazos de implementación.
Cambios en el régimen CAS y debate sobre equidad laboral
El especialista indicó que la norma introduce cambios en la estructura del régimen laboral público, al incorporar beneficios que antes no estaban contemplados para los trabajadores CAS.
“Los trabajadores CAS ahora estarán incluso en mejor situación que los del régimen 276, ya que percibirán gratificaciones equivalentes a una remuneración completa en julio y diciembre”, explicó.
Finalmente, señaló que la coexistencia de distintos regímenes laborales en el Estado continúa generando dificultades administrativas, por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema unificado bajo el servicio civil.
