La Comisión de Economía del Congreso está analizando un proyecto de ley que plantea otorgar nuevas facultades al Banco de la Nación para que pueda comprar, comercializar y exportar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala. La propuesta busca incentivar la formalización del sector y enfrentar la minería ilegal, problemática persistente en diversas regiones del país.
Proyecto busca formalizar a mineros artesanales mediante participación estatal
Durante una sesión extraordinaria presidida por el congresista Ilich López, la Comisión de Economía abordó los alcances económicos y regulatorios del proyecto, aunque aún no se ha iniciado el debate formal. La iniciativa ha despertado gran interés por su potencial impacto en el mercado de metales preciosos y en las políticas públicas de formalización minera.
El proyecto contempla que el Estado, a través del Banco de la Nación, actúe como comprador legal de oro producido por mineros artesanales, creando así una alternativa frente a los canales informales de comercialización. Sus impulsores sostienen que esta medida permitiría fortalecer la trazabilidad del mineral y brindar condiciones más seguras para los productores en proceso de formalización.
La propuesta no será vista por la Comisión Permanente y pasará directamente al Pleno
Este no es el primer intento legislativo para involucrar a una entidad pública en la comercialización del oro. En ocasiones anteriores se planteó que el Banco Central de Reserva (BCR) asuma dicha función, propuesta que fue rechazada por el titular de la entidad, Julio Velarde, al considerar que esas tareas no corresponden a la naturaleza operativa del BCR.
A diferencia de aquellas propuestas, la actual iniciativa legislativa deberá ser debatida en el Pleno del Congreso en la próxima legislatura, sin pasar previamente por la Comisión Permanente. Si se aprueba, implicaría un cambio sustancial en las funciones actuales del Banco de la Nación, que hoy no tiene atribuciones para operar en mercados de metales preciosos.
El proyecto se encuentra en etapa de evaluación, y se espera que los congresistas emitan sus opiniones y observaciones antes de llevarlo a votación. Aunque busca alinearse con políticas de lucha contra la minería informal, su implementación plantea retos regulatorios, financieros y logísticos que deberán ser analizados con detalle.
