La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta, por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida obtuvo mayoría de votos y ahora pasará a las siguientes instancias del procedimiento parlamentario.
Subcomisión aprueba informe contra Pedro Castillo y exministros
El informe final fue aprobado por 10 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones (APP).
De acuerdo con el procedimiento, el documento será remitido a la Comisión Permanente del Congreso, que posteriormente lo elevará al Pleno para su evaluación y votación final.
La denuncia constitucional 547, acumulada con la DC 575, fue presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien responsabiliza a Castillo, Chávez y Huerta por la presunta infracción de diversos artículos de la Constitución tras el anuncio del intento de disolución del Congreso.
Sustentación y exclusión de otros implicados
La encargada de sustentar el informe fue la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), quien indicó que las conclusiones del documento son “constitucionalmente justas” y se encuentran dentro de los parámetros legales.
El informe no incluye al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, debido a que una sentencia de la Corte Suprema lo retiró del proceso relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022.
Durante el debate, se pronunciaron a favor de la inhabilitación los congresistas Lady Camones, Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Martha Moyano (Fuerza Popular). En contra, votaron Pasión Dávila, Jaime Quito (Bancada Socialista) y Wilsón Quispe (Juntos por el Perú).
Próximos pasos y otros casos en evaluación
Tras la votación, la Subcomisión continuó con la revisión de la Denuncia Constitucional 554, presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra la congresista Lucinda Vásquez, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, contemplado en el artículo 400 del Código Penal.
