El Poder Judicial condenó a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva a cuatro policías por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Los agentes fueron acusados de detener arbitrariamente a un ciudadano en Lima, trasladarlo a una dependencia policial y exigirle dinero a cambio de no incriminarlo con droga. La sentencia, obtenida en segunda instancia por la Fiscalía, también establece cinco años de inhabilitación y el pago de S/ 18 000 por reparación civil.
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Cuatro policías reciben condena por cohecho pasivo propio
Los condenados son el comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras, exjefe del Depincri Cercado de Lima, y los suboficiales PNP Leo Santos Catunta Marín, Edwar Leoncio Concha Sarango y Alexander Ricardo Ayma Cornejo.
La resolución fue obtenida en apelación por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Nelly Castro Olaechea.
Además de la pena de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva, el Poder Judicial dispuso cinco años de inhabilitación para los cuatro agentes, lo que incluye la privación de sus grados policiales.
Asimismo, deberán pagar de manera solidaria S/ 18 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Policías exigieron S/ 2,500 a ciudadano para dejarlo en libertad
Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024, cuando agentes del Grupo «B» de Inteligencia intervinieron arbitrariamente a un ciudadano en el jirón Conchucos, en el distrito de Lima.
Según la investigación fiscal, los efectivos trasladaron al ciudadano a una sede policial, donde omitieron registrar su ingreso, lo agredieron físicamente y lo amenazaron con «sembrarle» droga si no entregaba S/ 5,000 a cambio de su libertad.
Posteriormente, en coordinación con el comandante Vargas Contreras, los agentes redujeron la exigencia a S/ 2,500. Como la víctima no contaba con el monto completo, los policías retuvieron su motocicleta como «garantía» y le permitieron salir durante la madrugada para conseguir el dinero.
Tras denunciar inmediatamente el hecho ante el Ministerio Público, se realizó un operativo que permitió intervenir a los involucrados en flagrancia.
Pruebas sustentaron responsabilidad de los agentes
Durante el proceso judicial se presentaron diversos elementos probatorios para acreditar la responsabilidad de los policías. Entre ellos figuran el testimonio de un colaborador eficaz, peritajes grafotécnicos y documentación que confirmó que el detenido no había sido registrado oficialmente en la dependencia policial.
También fueron considerados reportes de llamadas, conversaciones de WhatsApp y billetes impregnados con reactivos químicos, encontrados dentro de un escritorio de la dependencia policial.
La sustentación del caso en segunda instancia estuvo a cargo del fiscal adjunto superior Juan Manuel Pilares Luna.
La Fiscalía de la Nación informó que el fallo tiene relevancia jurídica debido a que constituye una de las pocas sentencias de segunda instancia que revoca directamente una absolución para establecer una condena efectiva. De esta manera, se evita la nulidad del proceso y el inicio de un nuevo juicio oral.
