El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, contra la resolución que amplió por 18 meses el plazo de su prisión preventiva. El exconductor de televisión afronta una investigación preparatoria en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado, y se encuentra recluido actualmente en el Penal de Lurigancho.
Apelación de Chibolín: fundamentos y pretensiones de la defensa
Mediante resolución emitida el 20 de marzo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley concedió el recurso de apelación interpuesto por Hurtado Grados el 18 de marzo, al verificar que cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para su admisión.
La defensa legal sostiene como pretensión principal que se revoque la resolución apelada y se declare infundado el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva. Como pretensión subsidiaria, solicita que, de considerarse necesaria alguna medida cautelar, se disponga la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa.
El 19 de marzo, la defensa presentó además un escrito complementario en el que amplía sus fundamentos de apelación, reiterando como pretensión principal la revocación de la resolución y, como pretensión accesoria, la declaración de nulidad de la misma.
El juez Checkley dispuso remitir el recurso ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Si dicha instancia lo declara bien concedido, deberá convocar a una audiencia virtual con participación de todas las partes procesales para emitir una decisión final sobre la situación jurídica de Andrés Hurtado.
Prisión preventiva contra Andrés Hurtado: razones del juzgado para mantenerla
Al momento de resolver el requerimiento fiscal, el magistrado Checkley determinó que la prolongación de la prisión preventiva por 18 meses es idónea, necesaria y proporcional, al considerar que con ella se favorece el fin legítimamente perseguido por el Estado: asegurar la sujeción del imputado al proceso y garantizar la aplicación de la ley penal.
El juez también concluyó que persiste un latente peligro de fuga y la posibilidad de obstaculización de la investigación, razones por las cuales la medida impuesta no ha variado a la fecha.
En cuanto al fondo de la investigación, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos indaga una presunta intervención de Hurtado en el pago de una coima que habría entregado Javier Miu Lei para que la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta interviniera y permitiera que dicho empresario recuperara barras de oro incautadas por el Ministerio Público a su empresa en el año 2020, entre otros hechos investigados.
