El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció que elaborará un plan destinado a disminuir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país. Según precisó el ministro Juan Enrique Alcántara, la propuesta contempla la posible liberación de aproximadamente 6,000 internos, como parte del programa denominado Libertad 2025.
Walter Martínez, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh, informó que unos 2,200 de estos reclusos están detenidos por no cumplir con el pago de pensión alimenticia, y alrededor de 4,000 por el delito de hurto simple. Estos internos recibirán asesoría legal gratuita del Estado como parte del proceso.
Martínez señaló que los beneficiarios “ya habrían cumplido con los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios” y agregó que las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indican que muchas de estas personas han completado procesos de resocialización.
Criterios y exclusiones del beneficio penitenciario
El funcionario aclaró que esta medida no será aplicada a condenados por delitos graves como sicariato o extorsión. “Enfrentamos una población penitenciaria de más de 100,000 internos”, afirmó.
En cuanto a los requisitos, se explicó que los beneficios penitenciarios no se otorgarán de forma inmediata ni automática. Los reclusos deberán demostrar su participación en programas laborales, educativos y superar evaluaciones técnicas que certifiquen su resocialización. Será el INPE quien determine si un interno cumple con los criterios para salir en libertad.
Consideraciones legales y técnicas
El abogado penalista Andy Carrión indicó al diario Gestión que esta propuesta requiere un análisis riguroso, tanto en lo social como en lo económico. Señaló que, en el caso de los deudores de pensión alimenticia, es necesario verificar si tienen la disposición y capacidad de pago para no afectar los derechos de los menores.
Sobre los casos de hurto simple, Carrión destacó la importancia de revisar posibles antecedentes de reincidencia, ya que liberar a infractores recurrentes podría representar un riesgo.
El especialista subrayó la necesidad de que el INPE elabore informes sociológicos y psicológicos detallados que sean posteriormente evaluados por jueces, como parte del proceso para otorgar cualquier beneficio penitenciario.
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