El Gobierno anunció el retiro de 1.456 policías a escala nacional, entre ellos 570 asociados a presuntos actos de corrupción, como parte de un proceso de depuración que avanza dentro de la institución. La Inspectoría General también registró 4.188 sanciones este año, en medio de investigaciones por faltas y delitos que involucran a personal policial. El Ministerio del Interior expuso nuevas estrategias de control para enfrentar estas conductas y reforzar la integridad interna de la Policía Nacional del Perú.
Causas del retiro y acciones disciplinarias
Las autoridades informaron que el retiro del personal responde a diversos casos de faltas y delitos detectados en unidades policiales del país. Las investigaciones se abrieron debido a denuncias penales y procesos administrativos. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló: “Ya no esperamos denuncias: buscamos activamente señales de corrupción”.
El incremento de delitos y los hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país también generaron preocupación entre la ciudadanía, especialmente cuando algunos casos incluyeron la participación de efectivos policiales. Expertos en seguridad indicaron que estas prácticas se mantienen desde hace varios años y que se identifican patrones que involucran a grupos organizados integrados por subalternos y oficiales de diferentes rangos.
Medidas de control y reorganización institucional
El Ministerio del Interior presentó nuevas estrategias orientadas al fortalecimiento de la integridad dentro de la PNP. Tiburcio anunció la aplicación de pruebas de control y confiabilidad, como el polígrafo, dirigidas a personal en actividad y a postulantes a escuelas de formación. Según explicó, estas evaluaciones permiten anticipar riesgos y evitar que prácticas irregulares se consoliden en áreas sensibles.
También se dispuso la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional. En Lima se creó la Oficina Especial de Procedimiento Sumarísimo, encargada de sancionar con mayor celeridad las faltas graves. La Inspectoría General, por su parte, emplea un enfoque basado en inteligencia operativa, con operativos inopinados, seguimiento encubierto y trabajo conjunto con unidades especializadas.
El ministro destacó el Nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario, aprobado en noviembre, que endurece las sanciones para casos de corrupción, filtración de información, favorecimiento indebido y aprovechamiento del cargo.
Reformas internas y medidas complementarias
Como parte de la reforma normativa, se creó la Oficina de Integridad Institucional, que trabaja en prevención de la corrupción, promoción de la transparencia y protección de denunciantes. “Combatir la corrupción no es solo una obligación ética: es la base para garantizar seguridad, autoridad y gobernabilidad”, señaló Tiburcio.
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que la institución actuará con firmeza ante actos de indisciplina y que se respaldará a los efectivos que cumplen función operativa. “Vamos a ser totalmente duros y firmes en la aplicación de la ley. No permitiremos que egresen de nuestras escuelas personas intervenidas en flagrancia”, indicó.
Analistas señalaron que los hechos de corrupción afectan la percepción pública y reflejan una crisis institucional que requiere respuestas sostenidas. También remarcaron que el incremento de denuncias y los procesos disciplinarios activos muestran avances en el control interno.
Reacciones de especialistas y casos recientes
El general PNP en retiro José Baella consideró urgente el retiro de efectivos involucrados en actos irregulares y precisó que cualquier miembro sorprendido en flagrancia debe ser separado de inmediato. El exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha advirtió que algunos casos incluyen delitos graves cometidos por grupos organizados dentro de la institución. “La participación de personal policial en hechos delincuenciales está aumentando, desde robos con organizaciones criminales hasta secuestros, extorsiones y hasta homicidios”, afirmó.
En otro caso reciente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura obtuvo una condena para los suboficiales Andrés Malvaceda Victorio y Franko Vásquez Fuentes, sentenciados a seis años de prisión efectiva por detención ilegal, extorsión y uso de documentos falsos. Un abogado implicado recibió una pena suspendida. Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron tras una falsa denuncia que derivó en la retención arbitraria de una trabajadora.
