Tres agencias de las Naciones Unidas, entre ellas UNICEF, manifestaron su rechazo a la reciente ley aprobada por el Congreso de la República del Perú que autoriza imputar penalmente a adolescentes de entre 16 y 17 años.
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En un comunicado conjunto, los organismos internacionales señalaron que esta medida no contribuirá a reducir los índices de criminalidad en el país. De acuerdo con cifras oficiales citadas por las agencias, el 98% de los delitos registrados en el Perú son cometidos por personas adultas.
Indicaron además que aplicar sanciones penales a menores de edad no solo resulta ineficaz, sino que también puede generar consecuencias negativas, como la exposición a mayores riesgos en centros de detención para adultos, lo que aumenta las probabilidades de reincidencia y afecta el desarrollo integral de los adolescentes.
ONU pide al Estado peruano respetar compromisos internacionales en justicia juvenil
Las agencias recordaron que el Estado peruano ha ratificado tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que exigen un sistema penal juvenil diferenciado. Este marco debe incluir leyes, instituciones y procedimientos específicos enfocados en la rehabilitación de los adolescentes.
El pronunciamiento destaca que la seguridad ciudadana es un objetivo legítimo, pero debe ser alcanzado en el marco del respeto a los derechos humanos. En ese contexto, insisten en que las personas menores de edad deben recibir un trato acorde con su etapa de desarrollo físico y psicosocial, y en caso de ser privadas de libertad, deben permanecer separadas de los adultos en todos los casos.
Solicitan fortalecer el sistema de justicia juvenil con enfoque preventivo
El documento también insta al gobierno peruano a asignar mayores recursos técnicos y financieros al sistema penal juvenil, a fin de fortalecer la prevención del delito, la justicia especializada y los programas de reinserción social.
Las agencias de la ONU exhortan a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y reiteran su disposición para brindar asistencia técnica en el desarrollo de políticas públicas basadas en un enfoque de derechos humanos.
