El Ejecutivo promulgó el sábado la Ley 32330, una normativa que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal. La ley, publicada en el diario El Peruano, permite que los jóvenes que cometan ciertos delitos graves sean procesados como adultos, en un esfuerzo por reforzar la lucha contra la criminalidad en el país.
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La norma modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal, especificando que los adolescentes de entre 16 y 17 años podrán ser procesados penalmente por delitos graves, tales como terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico, robo agravado, trata de personas y violación sexual.
Delitos graves por los cuales los adolescentes pueden ser procesados como adultos
La nueva legislación detalla una lista de crímenes por los que los adolescentes infractores podrían ser procesados como adultos. Entre los delitos mencionados están:
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Terrorismo
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Homicidio calificado
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Secuestro
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Extorsión
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Sicariato
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Narcotráfico
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Robo agravado
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Trata de personas
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Violación sexual
Medidas penitenciarias y tratamiento para los jóvenes infractores
Además de permitir el procesamiento de adolescentes por delitos graves, la ley establece medidas socioeducativas y de tratamiento penitenciario. Para aquellos que cometan delitos graves, como sicariato o violación sexual de menores, se contempla una internación en un penal de entre 6 y 8 años.
El tratamiento penitenciario para los jóvenes de 17 a 21 años será individualizado, científico e integral, con programas adaptados a las particularidades de cada interno. Además, estos jóvenes serán separados de los adultos mayores de 21 años dentro de los centros penitenciarios.
Los programas especializados incluyen actividades de trabajo penitenciario, educación, cultura, deporte, arte y actividades espirituales, diseñados para promover la reinserción social de los internos.
Respaldo político a la nueva normativa
El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, defendió la necesidad de esta reforma, señalando que el crimen organizado utiliza a menores para realizar actividades delictivas como asesinatos, secuestros y narcotráfico. Según Gálvez, la ley busca detener este fenómeno y restituir el principio de autoridad en el país.
La norma ha sido presentada como una respuesta firme ante la creciente inseguridad ciudadana y como un paso clave para combatir la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado.
