Un proyecto de ley fue presentado por la Junta Nacional de Justicia ante el Congreso con el objetivo de restringir la intervención del Poder Judicial en sus decisiones institucionales. La propuesta plantea modificar el artículo 142 de la Constitución Política y busca impedir la revisión judicial de nombramientos, evaluaciones, ratificaciones y sanciones a jueces y fiscales. Esta iniciativa surge tras una medida cautelar que permitió el retorno de Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación y en un contexto de tensión entre la JNJ y el Poder Judicial.
Proyecto de ley de la JNJ propone cambios al control judicial
La Junta Nacional de Justicia presentó ante el Congreso un proyecto de ley orientado a redefinir los alcances del control judicial sobre sus decisiones. Con esta iniciativa, se busca que el Poder Judicial no intervenga en los procesos de nombramiento, sanción, ratificación y evaluación de jueces y fiscales.
La propuesta plantea una modificación al artículo 142 de la Constitución Política. El objetivo de la JNJ es equiparar su nivel de autonomía al del Jurado Nacional de Elecciones, cuyas resoluciones en materia electoral no pueden ser revisadas por el sistema judicial.
Contexto del proyecto tras medida cautelar a Delia Espinoza
La JNJ presentó el proyecto después de que el Noveno Juzgado Constitucional concediera una medida cautelar a favor de Delia Espinoza. Esta decisión permitió su retorno al cargo de fiscal de la Nación, luego de que la JNJ la suspendiera por seis meses.
Según la institución, estas intervenciones del Poder Judicial afectan sus competencias constitucionales. La JNJ advierte que estas acciones generan inseguridad jurídica y debilitan la independencia funcional que la Constitución le reconoce.
Alcances y excepciones planteadas en la iniciativa
La propuesta establece que el Poder Judicial solo podría intervenir cuando un juez o fiscal interponga una acción de amparo por presunta vulneración de derechos humanos. En los demás casos, las decisiones de la JNJ quedarían excluidas del control judicial.
Este no es el primer intento de la institución para frenar la intervención del PJ. En noviembre pasado, la JNJ presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la medida cautelar otorgada a Espinoza supuso un menoscabo de sus atribuciones.
Argumentos institucionales y antecedentes del debate
En el documento remitido al Congreso, la JNJ advierte que el aumento de recursos judiciales retrasa la ejecución de sanciones y nombramientos. Según la institución, esta situación afecta la administración de justicia y deja vacantes en juzgados y fiscalías.
Además, la JNJ sostiene que las medidas cautelares suspenden sanciones y permiten la reposición provisional de magistrados sancionados. Para la entidad, este escenario debilita el control disciplinario.
Una restricción similar rigió durante el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, esta fue eliminada tras pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Ambos organismos señalaron la necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia mediante acciones judiciales.
