El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. La acción legal, interpuesta por el procurador público Ronald Angulo Zavaleta, busca que se investigue a los jueces Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, quienes habrían incumplido una medida cautelar dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC) en un proceso competencial entre el JNE y el Poder Judicial.
Denuncia penal por desacato al Tribunal Constitucional
Según el documento presentado ante el Fiscal de la Nación, el JNE sostiene que los magistrados denunciados desobedecieron una medida cautelar otorgada por el TC el 7 de octubre, la cual suspendía los efectos de resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción de un partido político, hasta que se emita una sentencia definitiva en el proceso competencial iniciado por el organismo electoral.
El fallo del Tribunal Constitucional establecía, además, que ningún órgano judicial debía emitir nuevas resoluciones que pudieran afectar el desarrollo del cronograma de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, el JNE denuncia que los magistrados de la Primera Sala Constitucional han intentado desconocer la suspensión ordenada, manteniendo la ejecución de resoluciones que, según el organismo, carecen de efectos legales mientras dure la medida cautelar.
El JNE argumenta vulneración al debido proceso
En la denuncia, el procurador Ronald Angulo advierte que los jueces, “a sabiendas que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas”, continúan su ejecución, configurando así un presunto acto de desacato.“Insisten en continuar con la ejecución de las mismas, con lo cual irrefutablemente se configura el desacato por parte de estos; motivo por el cual vuestro despacho debe desplegar la correspondiente acción penal”, señala el documento.
El JNE sostiene además que la actuación de los magistrados afecta su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, dentro del proceso de amparo seguido ante el Tribunal Constitucional.
Por ello, el procurador solicita que la Fiscalía de la Nación admita a trámite la denuncia penal, disponga la indagación preliminar y ejerza la acción penal correspondiente contra los tres jueces superiores involucrados.
