El presidente José Jerí enfrenta una nueva investigación por tráfico de influencias agravado, relacionada con la presunta injerencia en la contratación de nueve mujeres en distintas áreas del Palacio de Gobierno entre octubre de 2025 y enero de 2026. El fiscal de la Nación dispuso diligencias preliminares por un plazo de 90 días para determinar si existió influencia indebida en dichas designaciones dentro del Despacho Presidencial.
Fiscalía inicia diligencias preliminares por 90 días
El titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, ordenó el inicio formal de la investigación preliminar contra José Jerí como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
Según el documento fiscal, el jefe de Estado deberá presentarse el próximo 2 de marzo a las 2:40 p.m. en el Palacio de Gobierno para rendir su declaración indagatoria de manera presencial, acompañado de su abogado defensor en las instalaciones del Despacho Presidencial.
Durante la diligencia, el mandatario deberá precisar si tuvo participación en los nombramientos de nueve jóvenes funcionarias con quienes se presume tendría vínculos.
La Fiscalía declaró el caso como complejo, lo que habilita un plazo de 90 días para recabar elementos de convicción. Además, el Ministerio Público podrá convocar al presidente a una segunda declaración, conforme al límite establecido por el Tribunal Constitucional para este tipo de procesos.
Fiscalía solicita documentos sobre contrataciones en la Presidencia
El Ministerio Público requirió a la Secretaría General de la Presidencia remitir, en un plazo de tres días hábiles, un informe detallado sobre las contrataciones y designaciones efectuadas durante el periodo investigado.
Entre la documentación solicitada figuran los reportes de contratación en distintas áreas del Palacio de Gobierno, la normativa que regula el procedimiento de contratación de locadores de servicios en el Despacho Presidencial, así como los expedientes completos de contratación y pago, incluyendo órdenes de servicio, contratos y comprobantes de pago.
De acuerdo con la disposición fiscal, el presidente es investigado como “presunto AUTOR del delito contra la administración pública en la modalidad de TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado”.
Esta figura penal se configura cuando una autoridad utiliza su posición o influencia para obtener un beneficio indebido para sí o para terceros, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.
Cabe señalar que el mandatario ya afronta investigaciones fiscales en el denominado caso ‘Chifagate’, vinculado a presuntas reuniones con el empresario chino Zhihua Yang en distintos puntos de Lima.
