El Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato; la procuradora pública ad hoc Silvana Carrión, y su antecesor, Jorge Ramírez Ramírez. La pesquisa se centra en los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y otros relacionados con el manejo del acuerdo de colaboración eficaz firmado con la constructora brasileña Odebrecht en 2019.
La investigación está a cargo del fiscal supremo provisional José Fernando Timarchi Meléndez, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Este caso responde a una denuncia presentada por los abogados José Luis Francia y Luis Alberto Pacheco Mandujano, quienes representan al empresario Gonzalo Monteverde, prófugo de la justicia en el marco del Caso Odebrecht.
Denuncia cuestiona acuerdos con Odebrecht
La denuncia interpuesta por Francia y Pacheco también incluye a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como a los fiscales provinciales José Domingo Pérez y Diana Canchihuamán Castañeda, miembros destacados del equipo especial Lava Jato. Según los denunciantes, los fiscales y procuradores involucrados habrían otorgado inmunidad procesal a funcionarios de Odebrecht en casos donde no admitieron responsabilidad, violando la normativa peruana.
Además, se señala que estas acciones habrían beneficiado irregularmente a investigados clave como el expresidente Ollanta Humala, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el empresario Gonzalo Monteverde y el denominado “Club de la Construcción”.
Diligencias en marcha
El fiscal supremo Timarchi estableció un plazo de 90 días para llevar a cabo la investigación preliminar. Entre las primeras diligencias programadas están los interrogatorios a los implicados: Jorge Ramírez será citado el 14 de febrero, Silvana Carrión el 18, y Rafael Vela el 20. Por su parte, los denunciantes, José Luis Francia y Luis Alberto Pacheco, prestarán declaración testimonial el 11 de febrero.
Asimismo, Timarchi solicitará copias certificadas del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, así como oficios, resoluciones y actas fiscales vinculadas al caso. Esta documentación será esencial para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones formuladas.
Reacciones de los implicados
Ante las acusaciones, los investigados han expresado sus posturas. El fiscal José Domingo Pérez, quien se excusó de responder preguntas debido a restricciones internas, señaló mediante un mensaje: “Resulta paradójico que en la actual gestión del Ministerio Público los persecutores de la corrupción del Lava Jato se estén convirtiendo en los perseguidos de los abogados que defienden a los investigados y acusados de la corrupción del Lava Jato”.
Por su parte, Rafael Vela declaró que evalúa romper el silencio impuesto por la directiva de la Fiscalía de la Nación para ejercer su derecho a la defensa. Mientras tanto, Silvana Carrión calificó la denuncia como un acto de “evidente mala fe”, argumentando que fue presentada por abogados de investigados prófugos, como Gonzalo Monteverde y su esposa, María Isabel Carmona Bernasconi.
“Se trata de dos investigados que tienen un interés directo y manifiesto en cuestionar el acuerdo con Odebrecht, ya que ello beneficia a sus patrocinados”, afirmó Carrión. Además, destacó que uno de los delitos denunciados, el prevaricato, ya fue desestimado previamente por la Fiscalía en relación con los procuradores, dado que este delito solo aplica a jueces o fiscales.
Acuerdos bajo la lupa del Tribunal Constitucional
En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó hacer públicos los acuerdos de colaboración eficaz suscritos entre el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato, Odebrecht y sus colaboradores, incluyendo a Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre. Estos documentos son considerados claves para entender la naturaleza de las decisiones tomadas durante la investigación y podrían influir en el desarrollo de esta nueva pesquisa.
