El diputado Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, anunció que presentará un proyecto de ley para reforzar el congelamiento de fondos vinculados con casos de extorsión y facilitar el seguimiento de los recursos obtenidos mediante este delito. La propuesta busca ampliar el mecanismo establecido por la Ley 32209 para que la medida alcance transferencias posteriores y permita a las autoridades identificar la ruta del dinero cuando sea trasladado a otras cuentas o productos financieros.
Proyecto busca rastrear dinero de casos de extorsión
La iniciativa plantea fortalecer el mecanismo de congelamiento administrativo de fondos o activos presuntamente vinculados con la extorsión, establecido mediante la Ley 32209.
Según la propuesta anunciada por Yalta, la medida no debería limitarse a la cuenta inicialmente identificada por las autoridades. También podría extenderse a las transferencias posteriores realizadas por los investigados, con el objetivo de evitar que los recursos sean retirados o trasladados antes de que se concrete la intervención correspondiente.
El planteamiento contempla que el seguimiento pueda abarcar operaciones realizadas mediante cuentas bancarias, billeteras digitales y otros productos financieros.
De esta manera, las autoridades podrían continuar la ruta del dinero incluso cuando los fondos sean transferidos después de emitida una orden de congelamiento.
Entidades tendrían dos horas para informar sobre los fondos
Yalta sostuvo que la respuesta ante las operaciones financieras vinculadas con la extorsión debe realizarse en un periodo reducido debido a la rapidez con la que pueden ejecutarse las transferencias digitales.
De acuerdo con el proyecto anunciado, las entidades que reciban una orden de congelamiento deberán informar sobre su ejecución y comunicar la ruta posterior de los fondos en un plazo máximo de dos horas.
La propuesta busca establecer así un mecanismo de respuesta más rápido frente al traslado de dinero entre diferentes cuentas y servicios financieros.
Proyecto plantea mayor coordinación entre autoridades
La iniciativa no contempla la creación de una nueva autoridad. El objetivo es fortalecer la coordinación entre las instituciones que actualmente intervienen en la investigación y persecución de delitos financieros relacionados con la extorsión.
Entre las entidades involucradas se encuentran la Policía Nacional del Perú (PNP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El proyecto se plantea en un contexto de preocupación por el incremento de casos de extorsión, especialmente contra transportistas de Lima y Callao, sectores que han reportado afectaciones vinculadas con este delito.
Yalta se pronuncia sobre las facultades legislativas
El anuncio del proyecto también se produce después de que el Poder Ejecutivo planteara solicitar facultades legislativas para fortalecer las medidas contra la delincuencia.
Al respecto, Yalta señaló que el Congreso deberá evaluar las herramientas solicitadas por el Ejecutivo y, al mismo tiempo, mantener sus funciones de fiscalización.
“Facultades sí; cheque en blanco, no”, afirmó.
