La defensa legal del expresidente Ollanta Humala Tasso solicitó al Poder Judicial su excarcelación, luego de que el exmandatario fuera condenado en abril del año pasado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado. El requerimiento fue presentado ante la instancia judicial correspondiente, que deberá evaluar el pedido y convocar a una audiencia.
Pedido de excarcelación ante el Poder Judicial
El abogado del exjefe de Estado, Edinson Huamán, informó que la solicitud fue presentada ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia Nacional. De acuerdo con el letrado, este órgano judicial deberá fijar una audiencia para analizar el pedido en función de nuevos elementos jurídicos.
«El día de ayer hemos presentado un pedido para que a raíz del fallo del Tribunal Constitucional y del fallo de la Corte Suprema proceda con la liberación del expresidente, porque estamos ante un caso que no es delito», afirmó en declaraciones a RPP.
Huamán sostuvo que Ollanta Humala viene cumpliendo nueve meses de detención, a pesar de que en noviembre del año pasado la Sala Constitucional Superior reconoció que la ejecución provisional de la pena dictada era inconstitucional, al haberse ordenado la prisión sin una sentencia escrita.
«Ahora lo que procede es que la sala convoque a una audiencia a raíz de nuestro pedido y analice a raíz de los nuevos hechos, que es el fallo del TC y de la Corte Suprema, evalúe el tema de fondo y que los hechos que nos imputan, y por el cual nos han condenado, no es delito», remarcó.
Argumentos de la defensa y precedentes judiciales
Según la defensa legal, el caso del expresidente Humala guarda similitudes con el proceso penal seguido contra Keiko Fujimori por los aportes a sus campañas electorales de 2011 y 2016, el cual fue archivado tras un fallo del Tribunal Constitucional que fue acatado por el Poder Judicial.
«Es igual porque la imputación es idéntica. Nos imputan que supuestamente hemos recibido dinero del gobierno de Venezuela o de la empresa Odebrecht en un contexto de campaña política y que ese dinero se gastó en la campaña política. Ese es el punto, la génesis», señaló el abogado.
En esa línea, Huamán indicó que el supuesto recibo de dinero para campañas electorales antes del año 2019 no constituía delito.
«Al margen de la calificación jurídica que le pueda dar el Ministerio Público, si es conversión, ocultamiento o transferencia, la génesis, el punto de partida, es el simple hecho que me imputen de recibir dinero para una campaña política, no es delito», precisó.
Imputaciones por campañas electorales de 2006 y 2011
El letrado explicó que a Ollanta Humala se le imputa haber recibido aportes irregulares durante las campañas electorales de los años 2006 y 2011. En el caso de la campaña del 2011, se le atribuye haber recibido presuntos aportes de la empresa Odebrecht por un monto de tres millones de dólares, situación que, según la defensa, es similar a otros procesos archivados.
«Nunca nos imputan después de supuestamente recibir dinero el año 2011 algún tipo de compra o alguna acción específica de lavado. Para la fiscalía, el supuesto lavado es únicamente el gasto de campaña y el TC ya dijo que eso no es delito», aseveró Huamán.
Respecto a la campaña de 2006, señaló que la imputación se basa en el presunto ingreso de dinero del gobierno de Venezuela, parte del cual habría sido destinado a gastos de campaña y otra parte a la compra de bienes.
«Según el TC y la norma también el simple hecho de recibir dinero para campaña política es delito a partir del año 2019. (Antes) Es una donación y si no se declara sería falsa declaración, un procedimiento administrativo que ya está prescrito porque tiene una pena baja», indicó.
Finalmente, el abogado sostuvo que uno de los principales vacíos en la acusación fiscal es la ausencia de un monto específico del dinero presuntamente recibido. «Si no me pueden decir cuánto yo he recibido, mucho menos me van a poder decir cuánto he gastado. Ese es el gran vacío y abuso que se comete», concluyó.
