El caso de Daniel Urresti llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que su defensa presentara una petición para que se determine la presunta responsabilidad del Estado peruano por vulneraciones a sus derechos durante el proceso judicial que culminó con una condena que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional. La solicitud busca que se disponga un nuevo juicio en el que se respeten las garantías del debido proceso y el principio de legalidad.
Defensa de Daniel Urresti cuestiona el proceso judicial y pide un nuevo juicio
La petición presentada en Washington sostiene que durante el proceso se habrían vulnerado derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad, la libertad personal y el derecho a ser juzgado conforme a las reglas establecidas por la ley.
«Siempre sostuve que no se estaban respetando las reglas básicas de un juicio justo. Permanecí casi tres años en prisión y finalmente, el TC anuló la condena y ordenó mi libertad. Sin embargo, eso no me basta. Yo quiero demostrar mi inocencia y por eso estoy pidiendo un nuevo juicio donde se respete la legalidad», declaró Urresti.
Según el documento, la condena se habría sustentado en una versión de los hechos distinta a la planteada por la Fiscalía durante el juicio. La defensa señala que mientras la acusación fiscal atribuía una determinada forma de participación en los hechos investigados, la sentencia condenatoria construyó una versión diferente para justificar la decisión judicial.
Asimismo, se indica que existían resoluciones firmes que establecían aspectos esenciales sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la participación de determinadas personas. Sin embargo, para condenar al exministro, se habría elaborado una nueva versión incompatible con la verdad judicial previamente establecida.
Petición ante la CIDH cuestiona aplicación de agravantes y valoración de pruebas
El documento presentado también sostiene que el Poder Judicial habría aplicado de manera retroactiva la circunstancia agravante de alevosía, pese a que dicha figura no formaba parte del marco legal vigente al momento de los hechos investigados.
«No estoy pidiendo privilegios, sino reglas justas y que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y la cosa juzgada. Estoy pidiendo que exista una sola verdad judicial para unos mismos hechos y que se realice nuevo juicio que se desarrolle respetando plenamente esas garantías», afirmó.
La solicitud también cuestiona que no se hayan realizado diligencias ordenadas por la Corte Suprema y señala que diversos testimonios y medios probatorios favorables a la defensa habrían sido desestimados o valorados de manera insuficiente.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará la admisibilidad del caso
Tras la presentación del pedido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá analizar la solicitud y determinar si admite el caso para iniciar su trámite internacional.
La petición busca que se examine la presunta responsabilidad del Estado peruano por las vulneraciones denunciadas y que se garantice la realización de un nuevo proceso judicial con respeto a las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
