La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió este miércoles una sentencia condenatoria contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, al imponerle una pena de ocho años de prisión y cinco años de inhabilitación política por el delito de peculado doloso por apropiación para sí y para otro, en agravio del Estado. Además, se ordenó al excongresista el pago de S/ 119,577 como reparación civil. La sentencia deberá ser confirmada en su lectura íntegra programada para el próximo 21 de marzo, momento a partir del cual será ejecutoriada.
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Los hechos que motivaron la condena
El Ministerio Público acusó a Salaverry por supuestamente haberse apropiado indebidamente de 10 mil soles entregados por concepto de gastos de representación entre 2017 y 2018, cuando ejercía como congresista de la República por la región La Libertad. Según la denuncia fiscal, el exparlamentario no realizó actividades reportadas en dicha región durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, así como entre enero y marzo de 2018, y tampoco devolvió el dinero asignado.
Salaverry fue elegido congresista en 2016 bajo las filas de Fuerza Popular, partido político del cual luego se distanció tras diferencias con sus dirigentes. Sin embargo, su gestión legislativa quedó marcada por esta acusación penal, que ahora culmina con una condena firme por malversación de fondos públicos.
Reacción del excongresista: «Esta sentencia es una vergüenza»
Tras conocerse la sentencia, Daniel Salaverry anunció a RPP Noticias que apelará el fallo ante la Sala Permanente del Poder Judicial, calificando la decisión como «injusta» y «vergonzosa».
«Esta sentencia condenatoria es una vergüenza y lo digo con todas sus letras. No puede ser posible que dos jueces que integran una sala suprema hoy digan que un dinero, que está sujeto a retención de impuesto a la renta, no requiera rendición de cuentas», afirmó Salaverry.
El excongresista argumentó que el monto cuestionado estaba sujeto a regulaciones fiscales y negó haber incurrido en actos irregulares. Asimismo, aseguró que la decisión judicial responde a intereses políticos en su contra, aunque no presentó pruebas adicionales que respalden esta versión.
