El Congreso aprobó un proyecto de ley que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos y establece nuevos criterios para el uso de los recursos públicos. La norma busca regular los aportes económicos y fortalecer la transparencia en el uso de fondos.
Nuevas reglas para el financiamiento privado
La ley permite a los partidos políticos recibir aportes privados a través de distintas fuentes, siempre que cumplan con límites y regulaciones. Las cuotas y contribuciones de personas naturales o jurídicas nacionales no podrán superar el equivalente a 200 UIT (1 070 000 soles) por aportante en un año calendario.
Además, los ingresos generados por actividades proselitistas estarán limitados a 200 UIT (1 070 000 soles) por evento. Estas actividades deberán informarse a la ONPE al menos siete días antes de su realización para garantizar la supervisión.
Los aportes en efectivo superiores al 25% de una UIT (133 750 soles) deberán realizarse mediante entidades financieras para asegurar la trazabilidad. En el caso de aportes en especie, será obligatorio presentar recibos con la valorización correspondiente y las firmas del aportante y el tesorero.
Distribución del financiamiento público directo
Los partidos con representación en el Congreso recibirán financiamiento público basado en el 0,1% de una UIT por cada voto emitido en las elecciones. Estos fondos podrán utilizarse de las siguientes maneras:
- Hasta el 50% en gastos operativos, adquisición de bienes y contratación de personal.
- Al menos el 50% en capacitación, investigación y difusión, bajo criterios de igualdad y paridad.
Los recursos también podrán emplearse en encuestas, herramientas digitales y medios de comunicación. La ONPE fiscalizará el cumplimiento de estas disposiciones.
Control y prohibiciones en el financiamiento
El Banco de la Nación habilitará cuentas especiales para los aportes privados, garantizando la confidencialidad de los donantes. Además, la ley prohíbe recibir fondos de fuentes ilegales, como entidades públicas, empresas estatales, confesiones religiosas y personas condenadas por delitos graves.
Las organizaciones políticas no podrán aceptar aportes anónimos ni de origen desconocido. Asimismo, los bancos tendrán la responsabilidad de identificar a los depositantes y reportar las transacciones a la ONPE.
Con estas modificaciones, el Congreso busca equilibrar el financiamiento de los partidos políticos, promoviendo la transparencia y previniendo el uso indebido de fondos en futuras campañas electorales.
