La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó de forma unánime iniciar la elaboración de un proyecto de ley que permita derogar el Decreto Supremo N.º 065-2024-PCM, el cual autorizó un aumento en la remuneración de la presidenta Dina Boluarte. La medida ha generado diversas reacciones en el Parlamento y continúa siendo objeto de debate político.
Congreso busca derogar decreto que eleva remuneración de Dina Boluarte
Durante la sesión de la comisión, presidida por el congresista Juan Burgos, se acordó por unanimidad impulsar una iniciativa legislativa orientada a dejar sin efecto el mencionado decreto. Burgos calificó la disposición como un “acto inmoral” y afirmó que constituye un “aprovechamiento indebido del cargo”.
La sesión contó con la presencia de todos los miembros de la comisión, quienes respaldaron la propuesta. A pesar de la citación, no asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; ni el titular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), quienes alegaron compromisos previos.
Comisión solicita citar a presidenta Boluarte y promueve interpelaciones
Además de la elaboración del proyecto de ley, la Comisión de Fiscalización acordó solicitar al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que convoque a la presidenta Dina Boluarte para que brinde explicaciones sobre el sustento técnico y legal del incremento salarial.
En la misma sesión se aprobaron dos pedidos de interpelación: uno dirigido al titular del Consejo de Ministros y otro al ministro de Economía. Ambos funcionarios han sido señalados como responsables de apoyar la medida cuestionada por el Parlamento.
El presidente de la comisión señaló que el decreto constituye un precedente negativo al beneficiar exclusivamente a un alto funcionario mediante una norma de este tipo.
Reacciones en el Congreso ante el aumento salarial de la jefa de Estado
El Decreto Supremo N.º 065-2024-PCM establece un incremento exclusivo para la remuneración de la presidenta de la República, lo cual ha suscitado críticas desde diversas bancadas parlamentarias y otros sectores.
A raíz de esta situación, varios legisladores evalúan nuevas acciones legislativas para revisar o anular la disposición. La Comisión de Fiscalización ha asumido un rol activo en este proceso, que podría ser debatido próximamente en el Pleno del Congreso.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las observaciones formuladas desde el Congreso respecto a este decreto.
