La captura por el caso Nicolini marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales más emblemáticos contra la trata de personas en el Perú. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Vilma Marveli Zeña Santamaría, condenada a más de 30 años de prisión por trata de personas agravada y esclavitud laboral, delitos vinculados a la tragedia ocurrida en Las Malvinas en 2017. La intervención se realizó tras la ratificación de su condena por la Corte Suprema, consolidando un precedente clave en la lucha contra la explotación laboral.
Captura de sentenciada por el caso Nicolini en San Martín de Porres
La intervención policial se llevó a cabo a las 10:40 horas en la avenida Perú 2480, urbanización Perú, en el distrito de San Martín de Porres. El operativo tuvo como objetivo ejecutar una requisitoria vigente emitida por la 11.ª Sala Penal de Apelaciones de Lima, que ordenaba la ubicación y captura de la sentenciada.
Vilma Zeña Santamaría se encontraba prófuga de la justicia y figuraba en la lista de “Los Más Buscados” del Ministerio del Interior, con una recompensa de 50,000 soles por información que permitiera su localización. Tras su detención, fue puesta bajo custodia de la División de Investigación contra el Crimen Organizado y trasladada a la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima.
Corte Suprema ratifica condena por esclavitud laboral
La detención se produjo días después de que la Corte Suprema ratificara, el 16 de enero, la condena de 32 años de prisión impuesta a Zeña Santamaría. Esta decisión convirtió el fallo en un referente judicial en casos de esclavitud laboral y trata de personas en el país.
El pronunciamiento del máximo órgano judicial refuerza la responsabilidad penal en delitos vinculados a la explotación de trabajadores, especialmente en contextos de informalidad, y establece un precedente relevante para procesos similares en el sistema de justicia peruano.
Antecedentes del caso Nicolini y explotación laboral
El caso Nicolini se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio afectó la galería Nicolini, ubicada en el Cercado de Lima. Durante el siniestro fallecieron Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, dos jóvenes que laboraban en condiciones extremas dentro de un contenedor metálico instalado de manera ilegal en la azotea del local.
Las investigaciones determinaron que las víctimas permanecían encerradas sin condiciones mínimas de seguridad ni servicios básicos. El hecho, ampliamente documentado por los medios de comunicación, evidenció la problemática de la explotación laboral en el comercio informal. Posteriormente, se estableció que Vilma Zeña era propietaria del almacén informal donde trabajaban los jóvenes, lo que la vinculó directamente con la tragedia.
