El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima declaró la nulidad de la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otras 17 personas en el denominado “Caso Cócteles”, disponiendo el retorno del proceso a la fase preliminar. La resolución, emitida por el juez Wilson Verástegui, sigue lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia anterior.
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Esta decisión judicial no pone fin al proceso, pero sí obliga al Ministerio Público a replantear su estrategia investigativa. En consecuencia, deberán dejarse sin efecto todas las actuaciones procesales realizadas desde octubre de 2018, fecha en que se formalizó la investigación preparatoria por presunto delito de obstrucción a la justicia.
Investigación deberá reiniciarse tras fallo que anula siete años de actuaciones
La nulidad de la acusación tiene como origen una resolución del Tribunal Constitucional que acogió un recurso presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori. Este recurso cuestionaba aspectos formales del proceso, específicamente en relación con el principio de legalidad en la formulación de cargos.
El fallo del TC concluyó que uno de los investigados, José Chlimper Ackerman, fue objeto de una acusación sorpresiva por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, formulada por el fiscal José Domingo Pérez. Como consecuencia de ello, se determinó que la acusación vulneraba el debido proceso.
A inicios de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia confirmó la nulidad del juicio oral, al declarar infundadas las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría.
Keiko Fujimori y otros investigados deberán enfrentar nuevo proceso preliminar
Keiko Fujimori enfrenta imputaciones por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. Con la anulación dictada por el juzgado, el Ministerio Público deberá reiniciar la etapa preliminar del proceso, lo que implica retroceder más de siete años en la investigación.
