La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, denunció públicamente una serie de presuntos actos de corrupción y abusos dentro del penal donde permanece recluida, señalando directamente a la directora del establecimiento como responsable de posibles atentados en su contra. Las declaraciones se dieron en el marco del juicio oral que enfrenta por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.
Acusaciones de corrupción y abusos dentro del penal
Durante una audiencia ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Chávez afirmó ser víctima de un entorno penitenciario marcado por el chantaje, los sobornos y cobros ilegales. Indicó que estas prácticas estarían ocurriendo en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra detenida de forma preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.
“Los actos de corrupción en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro, para mí es muy penoso y vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas, a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, expresó.
En su intervención, la exfuncionaria señaló directamente a la directora del penal, Nelly Aquino Guardales, como la principal responsable de permitir estas situaciones. “La verdad es que he de señalar directamente a la señora directora Nelly Aquino Guardales que ha convertido el penal en su patio trasero. Trabajan de la mano con internas con poder adquisitivo, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas”, agregó.
Solicitud de traslado y respuesta del Poder Judicial
Ante lo expuesto, Chávez solicitó a la sala no ser retornada al penal, argumentando temer por su integridad física. “No sé si volveré a estar presente en la sala de audiencias, ante un eventual atentado en mi contra”, expresó durante su intervención.
No obstante, el tribunal aclaró que no tiene competencia para decidir sobre el cambio de centro penitenciario, ya que esta facultad recae en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Como respuesta a la denuncia, el colegiado anunció que se oficiará a la directora del Anexo de Mujeres de Chorrillos, así como al jefe del INPE, para que se tomen las medidas correspondientes. Además, se notificará a la Fiscalía provincial de turno y a la Defensoría del Pueblo con el fin de tutelar los derechos de la procesada.
