El Gobierno anunció acciones legales contra los propietarios y ocupantes de inmuebles donde se encontraron estaciones y antenas clandestinas de telecomunicaciones en los alrededores de los establecimientos penitenciarios. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, informó que los fiscales, junto con equipos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Policía Nacional del Perú (PNP), participarán en las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con la instalación y el funcionamiento de estos equipos.
Antenas ilegales cerca de penales: Gobierno anuncia investigaciones
Durante la supervisión de un megaoperativo simultáneo encabezado por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, Álvarez Miranda destacó la intervención contra las estaciones clandestinas de telecomunicaciones. «es la primera vez que este Gobierno realiza estas acciones», señaló.
El titular de Justicia explicó que los bloqueadores de señal instalados en los penales no son suficientes para impedir las comunicaciones ilegales, debido a los avances tecnológicos y a posibles actos de corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios.
«No es suficiente con los bloqueadores de los penales porque la tecnología moderna puede inhibirlos, además de que la corrupción interna en algunos penales también puede cortar esa inhibición; es necesario realizar estas actividades de encontrar antenas ilegales y al mismo tiempo incautar los equipos», expresó.
El ministro precisó que los fiscales que acompañan a los equipos del MTC y a la PNP abrirán investigaciones contra los propietarios y ocupantes de los inmuebles intervenidos, en los que se detectaron estaciones y antenas clandestinas.
Ministro de Justicia advierte posibles responsabilidades penales
Álvarez Miranda advirtió que las personas que obstaculicen la labor de las fuerzas del orden durante estas intervenciones podrían ser investigadas por su conducta y por una eventual vinculación con organizaciones criminales.
«Toda aquella persona que haya resistido de una manera activa o pasiva a la fuerza pública comete delito. Definitivamente, no solamente está impidiendo la labor policial, que viene resguardada por un fiscal, sino también son suceptibles de una investigación como cómplices de estas bandas criminales», alertó.
El ministro también señaló que las medidas de seguridad deben alcanzar a quienes presuntamente proporcionen recursos o apoyo logístico a las organizaciones delictivas.
«En lo posible, hay que vencer al delito no solamente desde el penal o la banda criminal, sino de todos aquellos que proporcionan el apoyo logístico», remarcó.
