El Gobierno de Keiko Fujimori plantea trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad a instalaciones temporales acondicionadas en hangares militares actualmente en desuso. La propuesta incluye a personas recluidas por omisión de asistencia familiar y forma parte de un paquete de medidas orientado a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. El Ejecutivo también evalúa reforzar la seguridad externa de los penales ante el déficit de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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¿Quiénes serían trasladados a los hangares militares?
La propuesta contempla identificar instalaciones militares en desuso que puedan ser acondicionadas como espacios temporales para albergar de manera segura a internos considerados de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos.
El objetivo es reducir la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal encargado de la seguridad concentre sus esfuerzos en el control de internos considerados de mayor peligrosidad.
Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), hasta mayo de 2026 había 2.672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria. De ese total, 710 se encontraban procesadas y 1.962 cumplían una sentencia efectiva.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa coordina la habilitación de hangares en desuso para concretar el eventual traslado de internos de menor peligrosidad.
La iniciativa establece que estos espacios deberán contar con condiciones adecuadas y estrictas medidas de seguridad y control para su funcionamiento temporal.
Gobierno plantea mayor control para delitos graves
El paquete de medidas también incluye modificaciones relacionadas con los beneficios que pueden reducir las penas mediante la terminación anticipada en casos de extorsión, sicariato y secuestro.
La propuesta busca establecer mayores restricciones para estos delitos, considerados dentro del grupo de criminalidad de mayor gravedad.
Otra de las medidas está vinculada al déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Actualmente, la institución cuenta con poco más de 7.000 agentes para desarrollar labores de seguridad y control en los establecimientos penitenciarios.
Ante esta situación, el Ejecutivo plantea autorizar de manera excepcional y temporal la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios.
Con esta disposición, el personal del INPE podría concentrar sus funciones en el mantenimiento del orden y la seguridad al interior de los penales, mientras el resguardo de las zonas externas quedaría temporalmente reforzado con personal militar.
