La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
La denuncia, identificada como la N.º 509, fue presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. En ella se acusaba a la mandataria por presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, conforme a los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.
Durante la sesión del viernes 18 de julio, no hubo participación de congresistas, salvo la intervención del delegado José Jerí (Somos Perú), quien sustentó la propuesta de archivo. Al no existir debate, se pasó directamente a la votación.
La mayoría votó a favor del archivo. Entre los legisladores que respaldaron la decisión figuran:
- Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia)
- Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular)
- Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular)
- Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular)
- Ventura Ángel (Fuerza Popular)
- Nelcy Heidinger Ballesteros (Alianza para el Progreso)
- María de los Milagros Jauregui (Renovación Popular)
- Esdras Medina Minaya (Renovación Popular)
- Elvis Vergara mendoza (Acción Popular)
- Segundo Quiroz Barboza (No agrupado)
- María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso)
- Jorge Coayla Juarez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo)
- José Jerí Oré (Somos Perú)
Argumentos para el archivo de la denuncia constitucional
El congresista José Jerí argumentó que no se hallaron pruebas suficientes que sustenten la acusación presentada por el Ministerio Público. Señaló que no se identificaron órdenes directas, ni una conducta dolosa atribuible a la presidenta Dina Boluarte.
Indicó también que no se pudo establecer un vínculo causal claro entre las decisiones de la jefa de Estado y los hechos violentos ocurridos durante las protestas. Según su exposición, tras analizar los documentos, descargos y audiencias del proceso, no se logró acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable.
Jerí afirmó que su análisis incluyó la revisión de medios probatorios, declaraciones en audiencia y documentos presentados por la Fiscalía. Además, aseguró que se tomaron en cuenta todas las actuaciones procesales registradas durante la tramitación parlamentaria.
En consecuencia, el informe recomendó archivar la denuncia, al considerar que no se configuran con claridad los tipos penales mencionados. No obstante, el parlamentario precisó que el Ministerio Público puede continuar con las investigaciones en el marco de sus competencias legales.
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