El Tribunal Constitucional (TC) resolvió incorporar al Ministerio Público en el proceso de hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori, que busca archivar el proceso penal en su contra por presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Ministerio Público deberá pronunciarse sobre recurso de Fujimori
El Tribunal Constitucional dispuso que el Ministerio Público intervenga en el proceso de hábeas corpus a través de su procurador público o de los fiscales competentes. Esta medida permitirá que la Fiscalía ejerza su derecho a la defensa frente al recurso presentado por la lideresa de Fuerza Popular.
La entidad constitucional otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para emitir su posición formal. Cumplido ese periodo, o vencido el plazo sin pronunciamiento, el TC procederá a emitir su resolución final respecto al caso.
El recurso de hábeas corpus fue presentado el 27 de mayo de 2025, luego de que instancias previas del Poder Judicial rechazaran solicitudes similares. Este nuevo intento se vincula con la sentencia 327/2024 del mismo Tribunal, que anuló el juicio oral contra José Chlimper y cuya aplicación se extendió a otros imputados, entre ellos Keiko Fujimori.
Defensa de Keiko Fujimori alega vulneración de derechos fundamentales
La defensa legal de Keiko Fujimori, a cargo de la abogada Giulliana Loza Ávalos, fundamenta el hábeas corpus en la presunta vulneración de derechos fundamentales como la libertad personal y el principio de legalidad penal.
La letrada sostiene que los hechos imputados no constituían delito en el momento en que ocurrieron, ya que el lavado de activos fue tipificado recién en noviembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo N.º 1249. En ese sentido, la defensa solicita declarar la nulidad de tres resoluciones judiciales clave en el proceso penal:
-
Resolución de septiembre de 2022 sobre lavado de activos.
-
Resolución de octubre de 2022 sobre organización criminal.
-
Auto de enjuiciamiento de noviembre de 2023.
Asimismo, se solicita el archivo definitivo del proceso penal, en el que se investiga a Fujimori por presuntos aportes no declarados a sus campañas presidenciales.